Roberto Sánchez: ¿podría quedar fuera de carrera luego de que el Ministerio Público solicitara prisión e inhabilitación?

El Ministerio Público ha solicitado una pena de cinco años y cuatro meses de prisión, así como la inhabilitación definitiva para ejercer cargos públicos, contra Roberto Sánchez, quien enfrenta acusaciones presuntamente ligadas a la gestión de fondos durante campañas políticas. La posible imposición de estas sanciones tiene especial relevancia en el actual escenario electoral, dado que, de ser condenado, las consecuencias legales impedirían su asunción de funciones si resultara electo.

¿Qué pasa con el proceso de Roberto Sánchez?

Según la entrevista emitida por Exitosa, la acusación fiscal se encuentra en etapa intermedia y el proceso no responde a motivaciones políticas, sino a la sobrecarga estructural en la administración de justicia.

En la entrevista el abogado penalista, Julio Rodríguez, reveló que la programación de la audiencia judicial contra Sánchez fue fijada antes de conocerse los resultados de la primera vuelta electoral. “De acuerdo con la Fiscalía, los hechos investigados no son recientes y el avance del caso se ha visto condicionado por la carga procesal del Ministerio Público” argumentó el experto.

Asimismo, el fiscal Tomás Gálvez explicó: “La carga hace que esto no se tramite con mayor celeridad, pero esto ha venido investigándose, ha llegado a esta etapa no porque ha sucedido recientemente ahora.”

La fiscalía imputa falsedad documental y manejo irregular de fondos por más de 275.000 soles.

¿Cuáles son las acusaciones en su contra?

El caso se origina en tres presuntos delitos:

• Fraude en la gestión de persona jurídica,
• Falsedad documental y
• Declaración jurada falsa

La investigación identifica irregularidades por un monto aproximado de 275.000 soles correspondientes a fondos de campaña que no habrían sido declarados con veracidad. Entre los elementos acusatorios, la Fiscalía habría detectado que un supuesto aportante figuraba con una contribución de 15.000 soles, aunque al ser citado afirmó que “jamás había aportado nada”. La conducción penal se sostiene en esta clase de contradicciones, lo que, si se verifica, podría justificar las consecuencias solicitadas por el Ministerio Público.

En respuesta a cuestionamientos sobre una presunta maniobra para entorpecer la participación electoral de Sánchez, la postura oficial recogida por Exitosa es que no existe fundamento para hablar de motivaciones políticas. El entrevistado Julio Rodríguez indicó que incluso la fiscalía ha sido “cauta” al no emitir declaraciones públicas sobre el contenido de la acusación.

¿Las consecuencias jurídicas pueden ejecutarse de inmediato en caso de condena?

La fase judicial actual es la denominada etapa intermedia, en la que se determinará si la acusación reúne la “solvencia suficiente” para dar lugar a un juicio. Según lo explicado en Exitosa, de ser hallado culpable y recibir una condena efectiva, la pena privativa de libertad y la inhabilitación para cargos públicos podrían aplicarse de manera inmediata. Si la pena dictada supera los cinco años, el juez tiene la facultad de ordenar su cumplimiento instantáneo. Esto implica que, en caso de coincidir una sentencia condenatoria firme con el calendario electoral, Sánchez quedaría legalmente impedido de ejercer funciones, aún si su elección fuera posterior a los hechos investigados.

En Canal N, la defensa de Roberto Sánchez argumenta que, si bien firmó documentos en su calidad de presidente del partido, no tenía conocimiento sobre la gestión concreta de los fondos y que dicha responsabilidad recaía en la tesorería. Esta posición fue cuestionada por el abogado penalista Julio Rodríguez, donde se enfatizó que “Si la persona firmó, se hace responsable de lo que firma; además, la figura penal aplicable no admite eximirse de responsabilidad por la jerarquía en la organización partidaria”.

Investigaciones actuales

Las denuncias contra Roberto Sánchez y su entorno familiar no se limitan al periodo electoral de 2018. Los procesos judiciales se extienden hasta la actualidad e incluyen acusaciones por presunto peculado, colusión, cohecho y apropiación indebida de recursos destinados a asistencia social. En Lima, la Séptima Fiscalía Provincial Penal abrió una investigación por fraude en la administración de personas jurídicas que involucra a ambos hermanos por el desvío de fondos partidarios.

El impacto de estas denuncias ha repercutido en la campaña presidencial de Roberto Sánchez, quien ha evitado consignar la existencia de estos procesos en la hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El fundador del partido, Yehude Simon, declaró a Diario Correo que “las cuentas nunca fueron transparentadas, se apropió del dinero porque nosotros entregamos el dinero a nivel nacional, todos los candidatos hicieron llegar a esa cuenta y si no, no podían participar en el proceso”.