Hermano de Roberto Sánchez perdió actas de Juntos por el Perú para rendir cuentas a la ONPE hasta en tres oportunidades

El hermano de Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, se encuentra en el centro de la controversia tras haber perdido libros de actas en tres ocasiones durante momentos críticos marcados por graves denuncias internas y externas en la organización partidaria. La situación reaviva cuestionamientos sobre la transparencia y la gestión de fondos en el partido de izquierda peruano, especialmente en el contexto de las recientes campañas electorales.

Las pérdidas de los libros de actas resultan especialmente sensibles porque coincidieron con periodos en los que la agrupación enfrentaba denuncias de fraude administrativo, peculado y falsedad ideológica. William Ricardo Sánchez Palomino, hermano menor de Roberto Sánchez, fue la persona encargada de custodiar estos documentos fundamentales para la rendición de cuentas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la fiscalización interna del partido.

El manejo de los fondos de Juntos por el Perú durante las elecciones regionales y municipales de 2018 generó una de las principales controversias. Los militantes interesados en postularse debían realizar depósitos, que no ingresaban a las cuentas oficiales del partido, sino a una cuenta personal de William Sánchez Palomino. Las sumas recaudadas por este concepto habrían superado los 198 mil soles, aunque algunos exdirigentes estiman que el monto real podría haber alcanzado el millón de soles a nivel nacional. La falta de registros oficiales y la desaparición de los libros de actas dificultaron la fiscalización y el seguimiento de estos fondos.

El exdirigente Leandro Cerna denunció en declaraciones recogidas por América TV que Roberto Sánchez facultó a su hermano como presidente del comité partidario y responsable de la documentación, lo que otorgó a la familia un control directo sobre los recursos y las decisiones administrativas. “Su hermano, pero él lo nombró, lo facultó como el presidente del partido y el hermano el presidente del comité y quien veía la documentación era él y su hermano”, afirmó Cerna en el reportaje.

Respuesta de Roberto Sánchez

Ante la consulta sobre el destino del dinero recaudado, Roberto Sánchez respondió que los fondos se utilizaron para cubrir gastos operativos internos, como alquiler de oficinas, viajes y compra de materiales electorales, y argumentó que el reglamento interno aprobado por el comité electoral justificaba el uso de una cuenta personal para recibir los depósitos. “Como no reciben fondos, el comité electoral cifra un valor de 100 soles. Hay un documento. 1.000 soles de capital, tasa por gobernador, ese reglamento fue aprobado y publicado y puesto al conocimiento de ONPE”, manifestó el dirigente. Sánchez sostuvo que los gastos se rindieron en congresos internos, pero que no se transparentaron ante la ONPE porque la cuenta usada no estaba a nombre del partido.

La ONPE sostiene una posición diferente. Según explicó Katiuska Valencia, gerente de supervisión de fondos partidarios: “no hay declaraciones de precandidaturas en la figura del financiamiento. Son aportes que están destinados para distintos propósitos de las organizaciones políticas o para las campañas”, y remarcó que todos los aportes deben ser declarados ante el ente electoral para cumplir con la legislación vigente.

Candidatos inscritos sin consentimiento

La desaparición de los libros de actas bajo la custodia de William Sánchez Palomino complicó además el esclarecimiento de otros incidentes, entre ellos la denuncia presentada por Leonid Castillo Silva. Este militante, residente en Andorra, descubrió que había sido inscrito como candidato al congreso sin su consentimiento y denunció la falsificación de su firma en la documentación interna del partido.

Hechos similares fueron reportados por otros militantes, como César Jair Sánchez Miller, quien también alegó haber sido víctima de falsificación de rúbrica y huella dactilar durante el proceso de inscripción de candidatos.

Investigaciones actuales

Las denuncias contra Roberto Sánchez y su entorno familiar no se limitan al periodo electoral de 2018. Los procesos judiciales se extienden hasta la actualidad e incluyen acusaciones por presunto peculado, colusión, cohecho y apropiación indebida de recursos destinados a asistencia social. En Lima, la Séptima Fiscalía Provincial Penal abrió una investigación por fraude en la administración de personas jurídicas que involucra a ambos hermanos por el desvío de fondos partidarios.

El impacto de estas denuncias ha repercutido en la campaña presidencial de Roberto Sánchez, quien ha evitado consignar la existencia de estos procesos en la hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El fundador del partido, Yehude Simon, declaró a Diario Correo que “las cuentas nunca fueron transparentadas, se apropió del dinero porque nosotros entregamos el dinero a nivel nacional, todos los candidatos hicieron llegar a esa cuenta y si no, no podían participar en el proceso”.

Juntos Por el Perú ante la opinión pública

La Fiscalía archivó inicialmente la denuncia por administración fraudulenta sin realizar una pericia contable, lo que incrementó el desconcierto entre militancia y opinión pública. A esa causa se sumó una acusación por una presunta acta falsa utilizada para que Roberto Sánchez fuera reconocido ante el JNE como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido.

Frente a la presión de la opinión pública y los organismos de control, la dirigencia de Juntos por el Perú enfrenta el reto de esclarecer las irregularidades en el manejo de fondos y documentación, mientras persisten las dudas sobre la integridad de los procesos internos y la legalidad de la administración partidaria. El caso continúa abierto en la fiscalía y mantiene bajo vigilancia a la familia Sánchez Palomino en un escenario político marcado por la desconfianza y el escrutinio judicial.