La denuncia contra Roberto Sánchez Palomino por la supuesta contratación irregular de un asesor durante su gestión como ministro de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) bajo el gobierno de Pedro Castillo permanece sin fecha de debate en el Congreso. El caso, que involucra la presunta designación irregular de un alto funcionario, ha cobrado visibilidad porque el actual congresista podría competir en una eventual segunda vuelta electoral, situación que ha reavivado el interés parlamentario y público.
La acusación constitucional fue presentada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por la congresista Lady Camones. El expediente señala que, cuando Sánchez lideraba el MINCETUR, se habría vulnerado la normativa vigente para favorecer la incorporación de un asesor al despacho ministerial, lo que motivó la denuncia formal. De acuerdo con la información recogida, la subcomisión aún no ha establecido una fecha para debatir el caso.
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La denuncia se refiere específicamente a la designación de un alto asesor del despacho ministerial, cuya contratación habría infringido los requisitos legales fijados por la Ley del Servicio Civil. El documento presentado a la subcomisión argumenta que la designación se realizó sin respetar los criterios de idoneidad y experiencia profesional que exige la normativa. Según los documentos oficiales, la denuncia sostiene que “la designación de Jaico no cumplió con los estándares requeridos para el cargo”.
Durante la última sesión de la subcomisión, la mayoría de los congresistas participaron de forma remota. Según Lady Camones, esto se debió a la sobrecarga de expedientes y a la agenda parlamentaria, que impidió una discusión presencial más amplia. La legisladora aseguró que “la sesión de hoy estuvo vacía, muchos se conectaron vía remota”, y precisó que el retraso no implica un trato preferencial hacia Sánchez. “No existe ningún tratamiento especial para Roberto Sánchez. El proceso sigue el mismo curso que otros casos”, afirmó la presidenta de la subcomisión.
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Denuncia constitucional: Proceso y caso Roberto Sánchez
El reglamento de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales establece que, una vez presentada una denuncia, se debe nombrar a un congresista delegado que elabore un informe de calificación. Este informe determina si la acusación cumple con los requisitos para continuar su trámite. Camones explicó que este procedimiento suele tomar hasta diez días hábiles, aunque puede extenderse cuando la carga de trabajo del Congreso lo exige. “La recarga de expedientes de otros casos pendientes afecta los plazos”, sentenció la parlamentaria.
El contexto político agrega tensión al caso. Roberto Sánchez es actualmente congresista y ha postulado a la presidencia, con posibilidades de acceder a una segunda vuelta según los resultados mostrados por ONPE. Por este motivo, la denuncia ha adquirido una nueva dimensión en la agenda legislativa y mediática, ya que podría incidir en el proceso electoral. Medios han resaltado que la subcomisión no ha priorizado este expediente pese a la relevancia pública de Roberto Sánchez en el escenario político actual.
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Presunto favorecimiento de cara a la segunda vuelta
La demora en debatir la denuncia ha generado cuestionamientos dentro del Congreso y en la opinión pública. Diversos sectores han expresado preocupación por la lentitud del proceso, considerando el impacto que un eventual pronunciamiento oficial podría tener tanto en la imagen de Sánchez como en la transparencia institucional. Lady Camones afirmó que “existe la posibilidad de que la legislatura analice la demanda antes de que finalice el periodo actual”, aunque aclaró que todo depende de la presentación oportuna del informe de calificación y del quórum necesario para sesionar.
En declaraciones recogidas por Canal N, Lady Camones insistió en que la subcomisión “no descarta analizar la denuncia en lo que resta de la legislatura”, pero la decisión final dependerá de la disponibilidad de tiempo y de la resolución de otros expedientes pendientes. Hasta el momento, el informe de calificación no ha sido presentado, lo que mantiene el caso en una situación de espera.
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Otras denuncias constitucionales en espera
El caso de Roberto Sánchez se suma a una lista de denuncias constitucionales que permanecen en trámite en el Congreso peruano, reflejando las dificultades estructurales para procesar expedientes en tiempos de alta demanda parlamentaria. Según datos del propio Congreso, existen más de una docena de denuncias en lista de espera, muchas de las cuales involucran a exministros y funcionarios de alto nivel.
La subcomisión ha reiterado su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de los procedimientos, mientras diversos sectores políticos y sociales exigen celeridad para evitar la percepción de favoritismo o dilación injustificada. La evolución del caso dependerá de la presentación del informe de calificación y de la decisión que adopte la subcomisión en las próximas semanas, en medio de un clima político marcado por la proximidad de los comicios y el escrutinio público sobre la actuación del Congreso.
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