
Roberto Sánchez Palomino disputará la presidencia del Perú el 7 de junio frente a Keiko Fujimori, en lo que será la segunda vuelta más polarizada ideológicamente de los últimos años. Con el 100% del escrutinio, el candidato de Juntos por el Perú sumó más de 2 millones votos válidos (12,031%), superando a Rafael López Aliaga por apenas 21 mil sufragios, una diferencia que los analistas y medios peruanos dan por irreversible. Fujimori lidera la primera vuelta con 2.867.517 votos (17,181%).
La historia de Sánchez es la de un político que supo convertir lo que parecía un lastre en un activo electoral. Fue el único ministro que sobrevivió a los constantes cambios de gabinete del expresidente Pedro Castillo, hoy cumpliendo una condena de 11 años y 5 meses por el fallido intento de golpe de Estado de diciembre de 2022. Pocos días antes de la primera vuelta, las encuestas lo situaban muy rezagado. Sin embargo, logró concentrar el voto rural y serrano en el tramo final de la campaña y se perfila ahora como el heredero político del castillismo.
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Quién es Roberto Sánchez: perfil y trayectoria
Nacido en 1969 en Huaral, localidad agrícola a unos 80 kilómetros de Lima, Sánchez es psicólogo de formación. Su llegada a la política nacional estuvo ligada al ascenso de Castillo: fue nombrado ministro de Turismo y Comercio Exterior y se convirtió en el único integrante del gabinete que resistió todos los cambios hasta el final del gobierno.
Su relación con la caída de Castillo fue estratégicamente ambigua. Anunció su renuncia poco después de que el expresidente apareciera en televisión declarando el estado de excepción, y se abstuvo en la votación del Congreso que terminó destituyéndolo. Muchos interpretaron esa postura como un intento de no hundirse con él. Castillo, sin embargo, no parece guardarle rencor: en una de sus últimas comparecencias judiciales pidió el voto para Sánchez.
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“El pase de Sánchez a la segunda vuelta muestra que los círculos políticos de Lima siguen sin entender la magnitud del malestar en las regiones”, señaló Ramiro Escobar, analista político de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en declaraciones a BBC Mundo.
Una campaña construida sobre el voto rural y el descontento regional
La estrategia territorial de Sánchez fue determinante. Recorrió las 25 regiones y 67 provincias del país, con cinco visitas a Cusco y tres a Puno, Huancavelica, Junín y Piura. Su presencia fue especialmente intensa en el sur y el centro del Perú, zonas golpeadas por la represión de las protestas que siguieron a la caída de Castillo y donde el resentimiento hacia los políticos limeños es más profundo.
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En los debates y actos de campaña, Sánchez no dudó en aparecer con el mismo sombrero de campesino que convirtió a Castillo en símbolo del Perú rural. El gesto fue leído como una declaración de continuidad política y conectó con amplios sectores del electorado que se identifican con ese imaginario.
Su discurso se aleja del lenguaje técnico y apuesta por frases directas. “La única hoja de ruta que habrá será la ruta con el pueblo, la ruta con nuestros pueblos amazónicos que han sido aliados en todo el mundo”, declaró ante miles de seguidores en Huaycán, en el distrito limeño de Ate. Rechazó adoptar una “hoja de ruta” moderada como la que Ollanta Humala presentó en la segunda vuelta de 2011, señal de que no planea suavizar su discurso de cara al balotaje.
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Sus propuestas: Asamblea Constituyente, indulto a Castillo y reforma judicial
Las propuestas de Sánchez han generado tanto adhesión como rechazo. Entre las más polémicas figura la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, idea que no abandonará pese a las presiones del electorado moderado. “Nosotros no vamos a decir ‘nos olvidamos de la nueva Constitución, de la asamblea constituyente’”, afirmó en el podcast Pitucos Marrones.
También ha prometido otorgar el indulto a Pedro Castillo, a quien visitó en el penal de Barbadillo acompañado por sus candidatas a la vicepresidencia y por Yenifer Paredes, cuñada del expresidente y virtual diputada por Cajamarca. Además, propone fortalecer el primer nivel de atención en salud, impulsar el desarrollo humano por encima del crecimiento económico y reformar el sistema de justicia con el apoyo del exfiscal José Domingo Pérez, a quien vinculó públicamente con su proyecto.
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“Creemos que vamos a poder establecer una alianza con Obras, sentarnos y detallar el programa que le ofrecemos al Perú”, indicó Sánchez, en referencia a posibles alianzas para la segunda vuelta.
El proceso judicial que lo persigue en plena campaña
El camino de Sánchez al balotaje no está libre de sombras. Según un informe difundido por el dominical Cuarto Poder, el 27 de mayo el Poder Judicial emitirá un auto de enjuiciamiento en su contra por un presunto desvío de fondos del partido Juntos por el Perú. El expediente señala que el candidato habría transferido 280.000 soles de aportes partidarios a cuentas personales propias y de su hermano William Sánchez durante las elecciones regionales de 2018 y las congresales de 2020.
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La Fiscalía le atribuye el delito de falsa declaración ante el órgano electoral, luego de que en segunda instancia se suprimiera la imputación por fraude en la administración de persona jurídica. El Ministerio Público sostiene que existen “elementos suficientes” para pasar a juicio oral. La audiencia virtual está fijada para el 27 de mayo, apenas días antes del balotaje del 7 de junio. El abogado de Juntos por el Perú, Roy Mendoza, reconoció que aún restan observaciones en la acusación fiscal.

La revancha del 2021 y el desafío del antivoto
Esta segunda vuelta tiene un componente de revancha histórica. En 2021, Keiko Fujimori perdió el balotaje ante Pedro Castillo por menos de 44.000 votos, en el proceso más ajustado de la historia reciente peruana. Ahora, Sánchez compite en nombre de ese mismo proyecto político y con el respaldo explícito del expresidente encarcelado.
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Sin embargo, el camino no es sencillo. La encuestadora IPSOS Apoyo advierte que el antivoto hacia Sánchez subió de 39% a 44% en las últimas semanas, impulsado por decisiones de campaña cuestionadas como la mención de Antauro Humala como posible colaborador y la propuesta de designar al exfiscal José Domingo Pérez como ministro de Justicia. Según Alfredo Torres, presidente ejecutivo de IPSOS, ambos candidatos están en un empate técnico con el 38% de intención de voto cada uno, y el 10% de los electores podría definir su voto en la última semana antes del 7 de junio.
Ante las propuestas de movilización de López Aliaga y las denuncias de fraude sin pruebas, Sánchez fue claro: “Nosotros somos demócratas, sabemos apelar al derecho a la protesta, al derecho a la movilización, pero siempre en condiciones de paz social”. El 7 de junio definirá si el voto del Perú rural y serrano alcanza para llevar al exministro de Castillo a la presidencia, o si el peso del antivoto y las sombras judiciales inclinan la balanza hacia Fujimori.
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