
El psicólogo y político Roberto Helbert Sánchez Palomino se presenta como candidato presidencial de Juntos por el Perú para las Elecciones Generales 2026. Con una trayectoria que abarca cargos en el Congreso, el Ejecutivo y gobiernos locales, Sánchez busca liderar la propuesta de su partido en un escenario político marcado por la polarización y la demanda de renovación.
El último simulacro de votación realizado por Ipsos, publicado el 4 de abril, muestra que Roberto Sánchez ha experimentado un crecimiento significativo en la intención de voto. En menos de un mes, pasó de 3,2% a 9% en votos válidos, ubicándose entre los cinco principales candidatos y superando a figuras como Alfonso López Chau y César Acuña. Este avance se consolidó tras su participación en el más reciente debate presidencial, en un contexto donde Keiko Fujimori lidera la contienda con 18,6% de votos válidos, seguida de Carlos Álvarez y Rafael López Aliaga.
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A ocho días de la elección, Sánchez representa el ascenso más marcado entre los candidatos de izquierda, según los datos de Ipsos recogidos entre el 1 y 2 de abril con un margen de error de ±2,8%. El crecimiento en su respaldo electoral lo posiciona como un actor relevante en la recta final de la campaña.

Estudios y antecedentes políticos
Roberto Sánchez nació el 3 de febrero de 1969 en el distrito de Huaral, provincia de Huaral, departamento de Lima. Es psicólogo titulado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde obtuvo el grado de bachiller en 1998 y el título profesional en el año 2000. Complementó su formación con una maestría en Políticas Sociales en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde figura como egresado.
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La carrera política de Sánchez incluye su desempeño como ministro de Comercio Exterior y Turismo entre 2021 y 2022 durante el gobierno de Pedro Castillo. Además, fue gerente de Desarrollo Social en la Municipalidad Provincial de Huaral y gerente de Capital Humano en la Municipalidad Distrital de San Borja. Desde 2021, se desempeña como congresista de la República, y en 2024 asumió el cargo de apoderado y representante legal de Juntos por el Perú.
En términos patrimoniales, Sánchez reporta ingresos brutos anuales de S/ 224.945,83 provenientes exclusivamente del sector público y la propiedad de un predio rural valorizado en S/ 35.000.
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Propuestas y ejes de campaña
Durante el debate presidencial, Roberto Sánchez expuso un programa centrado en el fortalecimiento de la educación pública y la democratización de derechos sociales y económicos. Propuso el ingreso libre a la educación superior y garantizó un salario no menor a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a 5.500 soles, para los profesores. Además, se comprometió a aumentar el presupuesto del sector educación del 6 % al 10 % del PBI en un plazo de cinco años, declarando en emergencia el sistema educativo y exigiendo que cada institución cuente con un psicólogo escolar.
El candidato anunció la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la declaración de la educación como un derecho fundamental consagrado en la Constitución. En materia de políticas públicas, propuso un centro nacional de planeamiento y evaluación de impacto para sustentar las decisiones estatales en evidencia científica, así como auditoría social de las concesiones y del régimen económico.
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En el bloque empleo y desarrollo, Sánchez planteó reconocer formalmente a los mineros, vendedores informales y a los 10 millones de micro y pequeños empresarios del país. Asimismo, subrayó la necesidad de fortalecer los beneficios para agricultores y pescadores artesanales dentro de un régimen que democratice el acceso a oportunidades. Defendió un modelo productivo con ampliación de derechos y respaldo a los emprendedores, proponiendo la regulación de concesiones económicas a favor de la educación y el desarrollo local.

Cuestionamientos y denuncias
La trayectoria de Roberto Sánchez ha estado acompañada de diversos cuestionamientos, especialmente durante su gestión como ministro de Comercio Exterior y Turismo. Un informe de control reveló el uso de la caja chica del ministerio para gastos personales, incluyendo consumos en restaurantes y servicios de lavandería, registrados como reuniones de trabajo. Estas prácticas excedieron los parámetros habituales de la función pública.
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En el ámbito administrativo, se le atribuye la contratación de allegados partidarios mediante el Fondo de Apoyo Gerencial, con remuneraciones de hasta 15.000 soles mensuales sin concursos públicos. Además, la Fiscalía mantiene investigaciones abiertas por presuntos recortes de sueldos a trabajadores del ministerio, quienes habrían sido obligados a entregar el 10 % de sus remuneraciones para renovar contratos, configurando posibles delitos de peculado y administración fraudulenta.
Por otro lado, su ascenso a la dirección de Juntos por el Perú fue criticado por antiguos dirigentes del partido, quienes lo acusan de manipular procedimientos internos y desplazar a los cuadros fundadores para consolidar una dirigencia afín a sus intereses. Yehude Simon, fundador de la agrupación, ha cuestionado abiertamente la ética de Sánchez y su forma de conducción partidaria.
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Roberto Sánchez evita referirse directamente a estas denuncias durante sus actividades de campaña, mientras sus registros fiscales y administrativos continúan bajo escrutinio.
El escenario electoral peruano de 2026 está marcado por una alta volatilidad en las preferencias, con movimientos abruptos en la intención de voto en las últimas semanas. La evolución de las encuestas, el impacto de los debates y la capacidad de respuesta ante las críticas serán determinantes en el desenlace de la contienda, donde Sánchez emerge como uno de los actores a observar en la fase final del proceso.
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Postura sobre Julio Velarde en el BCR

La posible llegada de Roberto Sánchez a la segunda vuelta presidencial, compitiendo contra Keiko Fujimori, ha generado incertidumbre en los mercados debido a su postura crítica contra la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR). El candidato de Juntos por el Perú ha declarado abiertamente su intención de remover a Julio Velarde de la presidencia de la entidad, acusándolo de gobernar a favor de las transnacionales. Además, su plan de gobierno incluye una agenda revisionista de la Constitución de 1993, proponiendo cambios en el capítulo económico para permitir una mayor intervención del Estado en sectores estratégicos.
Sin embargo, analistas advierten que la destitución de Velarde enfrentaría serias trabas institucionales, ya que requiere la ratificación del Senado, donde fuerzas de derecha como el fujimorismo mantendrían una presencia importante. Mientras que los críticos de la gestión actual señalan que el control estricto de la inflación (que cerró 2025 en 1.5%) ha frenado el crecimiento del empleo y la inversión, los defensores del modelo destacan la estabilidad monetaria alcanzada por Velarde tras casi dos décadas al frente del BCR. El escenario electoral queda así polarizado entre la continuidad del modelo económico vigente y una propuesta de reforma radical del sistema financiero y constitucional.
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