La congresista Francis Paredes se encuentra bajo la lupa luego de que la Policía Nacional y la Fiscalía allanaran la vivienda de su hermana, otros dos inmuebles en Lima y ocho más en Ucayali. La madrugada del 13 de mayo marcó un nuevo capítulo en la investigación sobre los ‘Operadores del Oriente’, la presunta red criminal que, según el Ministerio Público, habría extendido su influencia desde el Congreso hacia diversas oficinas públicas en el oriente peruano.
De acuerdo con el documento que accedió Infobae Perú, la organización comenzó a operar en 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo. Tanto la congresista como su hermana y otros allegados habrían cumplido funciones clave, facilitando designaciones, gestionando influencias y asegurando contratos mediante pagos y favores.
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Jerarquía de la presunta red
El expediente judicial atribuye a Francis Paredes Castro, congresista de la República por Ucayali, el liderazgo de una presunta organización criminal denominada 'Operadores del Oriente’. Según el Ministerio Público, esta estructura presenta una jerarquía estándar, en la que Paredes Castro habría ejercido como líder. Debajo de ella, son señalados operadores Iván García Rodríguez y Javier Antonio Barbarán Pérez (ejecutores), Lucas Renato Borjas Roa y Vidal Rosas Mallqui (funcionarios), y Rosa Paredes Castro en el rol de captadora.
El Ministerio Público sostiene que esta organización operaba bajo reglas impuestas por su presunta jefa y que sus integrantes coordinaban acciones para copar oficinas públicas descentralizadas del Poder Ejecutivo, especialmente en la región Ucayali, con el objetivo de obtener beneficios económicos ilícitos.
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Francis Paredes bajo la lupa
De acuerdo con el expediente, la presunta actividad criminal comenzó el 29 de julio de 2021, fecha en que se realizó una reunión clave en Palacio de Gobierno. En ese encuentro, el entonces presidente Pedro Castillo Terrones anticipó a Francis Paredes y otros congresistas del Bloque Magisterial que ellos manejarían oficinas públicas descentralizadas a cambio de apoyo parlamentario para frenar eventuales pedidos de censura o vacancia.
A partir de esa fecha, el Ministerio Público documenta una serie de hechos que vinculan a la organización con delitos como tráfico de influencias, cohecho pasivo propio y colusión agravada. El objetivo, según la acusación fiscal, era instrumentalizar cargos públicos y procesos de contratación para obtener recursos ilícitos.
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- Pagos ilícitos para la designación en el Instituto Penitenciario
El documento describe que Francis Paredes Castro mantuvo una relación cercana con Maura Emilia Porras Huamán, conocida como “reinita”. Tras ser elegida congresista por el partido Perú Libre en abril de 2021, Paredes Castro habría solicitado a Iván García Rodríguez apoyo logístico y económico, prometiendo beneficios y cargos estatales a cambio.
En una reunión en un restaurante de Lima, según el relato judicial, Rodolfo Bardales Piña solicitó a Paredes Castro su intervención para que Edgar Rubén Vilcapaza Arias fuera designado jefe de la Oficina Regional del Oriente del Instituto Penitenciario (INPE). A cambio, se habría acordado el pago de 25 mil soles, monto que Bardales Piña depositó en dos partes en la cuenta bancaria de Porras Huamán. El expediente consigna detalles de transferencias y comunicaciones para coordinar la entrega del dinero, así como la intervención de Javier Barbarán Pérez, quien retiró y entregó los fondos.
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El documento judicial reproduce una frase atribuida a Paredes Castro en ese contexto: “le mandas a ella”, refiriéndose al pago que debía hacerse a través de Porras Huamán.
- Presuntas influencias ilícitas en el Ministerio de Cultura
La relación entre Francis Paredes Castro y Elvis Luna Manihuari, docente de Ucayali. Tras su elección, Paredes Castro habría gestionado el nombramiento de Luna Manihuari como director desconcentrado de Cultura en Ucayali, utilizando su influencia para asegurarse el control de la entidad.
Según la acusación, Paredes Castro exigió que Luna Manihuari favoreciera públicamente su imagen y contratara a personas de confianza de la organización, además de direccionar contrataciones públicas. El nombramiento se oficializó el 11 de abril de 2022 por Resolución Ministerial, tras coordinaciones directas en el Ministerio de Cultura.
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“[...]a cambio de que como autoridad representativa de la cultura en Ucayali realice declaraciones favorables hacia Francis Jhasmina Paredes Castro a efectos de obtener aprobación de la población para que a futuro pueda continuar en cargos altos de elección popular, y, sobre todo, de que por intermedio de esta Dirección contrate a personas de su confianza y como área usuaria requiera a la sede central las contrataciones públicas de conveniencia de la presunta organización criminal”, se lee.
- Control ilícito en contrataciones en la Red Asistencial Ucayali de EsSalud
La investigación documenta la manera en que Francis Paredes Castro y sus operadores identificaron la Dirección de la Red Asistencial Ucayali de EsSalud como un objetivo estratégico. Iván García Rodríguez y Javier Barbarán Pérez buscaron un médico de confianza para el cargo de director, reclutando a Lucas Renato Borjas Roa.
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El 1 de febrero de 2022, Borjas Roa fue designado como director mediante resolución firmada por el presidente ejecutivo de EsSalud, Gino José Carlos Dávila Herrera. Una vez en funciones, el expediente señala que Borjas Roa contrató a Vidal Rosas Malqui como jefe de la Oficina de Logística, cargo estratégico para el control de contrataciones y pagos, en línea con las instrucciones recibidas de Paredes Castro y sus operadores.
“Iván es como mi hermano, es mi amigo, muy de confianza, si él dice algo es como si yo estuviese diciendo, por favor apóyelo”, habría mencionado Paredes en una reunión.
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- Dirección de contrataciones públicas a cambio de beneficios económicos
El expediente judicial concluye que la organización habría consolidado su control sobre la Red Asistencial Ucayali de EsSalud para direccionar contrataciones públicas a cambio de pagos ilícitos. El mecanismo consistía en asegurar la designación de personas afines en puestos clave, facilitando así la adjudicación de contratos a proveedores que ofrecían pagos a la organización.
La investigación describe las atribuciones del jefe de la Oficina de Logística, responsable de tramitar contratos y pagos.
Por su parte, la congresista Francis Paredes ha negado cualquier vínculo e indicó que colaborará con la justicia.
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