Petroperú deberá repartir 53,2 millones de soles en utilidades entre sus trabajadores

Petroperú cerró el año 2025 con resultados financieros mixtos: persistieron las pérdidas netas, registrando un déficit de 468,3 millones de dólares, aunque esta cifra representó una mejora frente a las pérdidas de 773,9 millones en 2024.

A pesar de este contexto, las utilidades tributarias —diferentes al resultado neto— obligan a la compañía a repartir 53 millones 243.467 soles entre sus trabajadores. Algo que, por supuesto, va por cuerdas separadas con el reciente rescate por USD 2.000 millones.

Petroperú repartirá USD 15,4 millones entre sus trabajadores

En el ejercicio 2025, Petroperú obtuvo utilidades tributarias positivas, principalmente por efecto del tipo de cambio. La empresa registró una Renta Neta Imponible de 532 millones 434.674 soles, según lo declarado ante SUNAT.

Entonces, de acuerdo con los Decretos Legislativos N° 677 y N° 892, la petrolera está obligada a repartir utilidades (10% para empresas industriales), y el incumplimiento acarrearía la imposición de multas desde SUNAFIL.

El pago de utilidades en Perú se realiza entre marzo y mayo, con un plazo máximo de 30 días después de la presentación de la Declaración Jurada Anual, y se calcula sobre un porcentaje de las ganancias netas del año anterior.

No obstante, la actual administración ha resistido e intentado redirigir los fondos destinados al pago de los trabajadores, pese a que las áreas financieras aseguran que hay disponibilidad presupuestal para cumplir con la obligación. La fecha máxima de pago fue el pasado 9 de mayo.

Estudios de abogados respalda pago de utilidades en Petroperú

Para sustentar el pago, la anterior gerencia contrató la opinión legal de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría y de Muñiz, ambos con informes favorables a los trabajadores. Posteriormente, la nueva administración buscó revertir estos resultados y encargó nuevos informes a Vinatea & Toyama y Benites, Vargas & Ugaz.

No funcionó. Todos ellos coincidieron en que, según la normativa vigente y los resultados tributarios, la petrolera estatal deberá repartir utilidades a sus trabajadores.

En contravención de esta claridad legal, desde la petrolera se ha intentado redirigir los fondos al pago de viejas deudas en la selva. De acuerdo con fuentes internas, las disposiciones relacionadas con este tema se imparten de manera verbal y no por escrito, por lo que no prosperan.

Incluso, la Gerencia Corporativa de Administración ha encargado maniobras a la Gerencia Legal y de Asuntos Regulatorios para minimizar los riesgos legales, laborales y reputacionales en caso la empresa incumpla el pago.

En 2024 no hubo utilidades, y hoy todos quieren echarles mano

Se plantean, desde arriba, estrategias administrativas como el diferimiento, el fraccionamiento o acuerdos formales con los sindicatos para postergar este desembolso. En 2024, las utilidades fueron nulas, y en 2023, irrisorias.

Simultáneamente, la administración de Gustavo Villa Mora y Edmundo Lizarzaburu ha promovido una campaña mediática para justificar públicamente el no pago de utilidades, llegando a publicar anuncios en medios como Diario Expreso para argumentar que la decisión busca “ahorrar” ante la crisis financiera.

Pero, a la interna, gerentes y sindicatos advierten prácticas de desvío de recursos y generación artificial de prelaciones de pago a proveedores, con el objetivo de cobrar comisiones y beneficiar a redes internas.

Se citan casos previos de 2025 en los que se adquirió crudo liviano en lugar de pesado, como requería la refinería Talara, lo que generó pérdidas económicas al resultar ese insumo inadecuado para el proceso y terminar siendo venteado.

Ni el decreto de Miralles desconoce las utilidades en Petroperú

La decisión final sobre el pago de utilidades corresponde únicamente a la gerencia general de la empresa; el presidente Edmundo Lizarzaburu no puede decidirlo de manera unilateral.

El propio Decreto de Urgencia 010-2025, de la privatización de Petroperú, señala en su artículo 7 que los recursos generados deben destinarse prioritariamente a pasivos y deudas, “sin perjuicio de la atención de las obligaciones laborales”, lo que incluye expresamente el pago de utilidades, algo que también prometió ProInversión.

En el entorno más cercano de Gustavo Villa Mora, Luis Díaz Agarini e Iván Montoya son señalados como funcionarios con peso específico en la ejecución de decisiones y manejo interno.

Trabajadores y asesores legales advierten que la negativa a repartir utilidades podría derivar en acciones legales, ya que las 4 unidades de Petroperú cerraron 2025 con resultado positivo en términos tributarios y la obligación de pago está vigente. Para ellos, el pago va sí o sí.