El expediente conocido como “Parqueadores del Sur”, que involucra al exalcalde de Santa María del Mar, Jiries Martín Jamis Sumar, expone una demora judicial de más de cinco años antes de su llegada a juicio oral por presunto peculado doloso en agravio del Estado.
El proceso, que inició en 2019 y está vinculado a supuestas irregularidades en la recaudación municipal por parqueo vehicular y servicios higiénicos durante temporadas de alta afluencia, revela los costos económicos y sociales que genera la lentitud en la administración de justicia.
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El costo institucional de la ineficiencia en justicia
De acuerdo con la información difundida por diversos medios de comunicación, la investigación sobre el destino de fondos municipales cobró notoriedad en septiembre de 2020, tras los allanamientos realizados por la Fiscalía y la Policía Anticorrupción.
El caso cuestiona el manejo de los recursos obtenidos por servicios municipales y plantea dudas sobre la transparencia en la gestión pública. La demora en el avance de la causa impidió que el municipio pudiera, en caso de confirmarse el desvío, recuperar oportunamente fondos que debieron destinarse a servicios y obras para la comunidad.
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El impacto de esa demora excede el expediente judicial. La recaudación municipal por parqueo y servicios higiénicos representa un ingreso clave para distritos con alta afluencia temporal.
Cuando existen sospechas de apropiación irregular y el caso se extiende durante años sin una resolución, la capacidad de la municipalidad para reinvertir esos recursos en el mantenimiento urbano y en programas sociales se ve comprometida.
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Además, esta situación reduce la confianza de los vecinos en el pago de tasas y contribuciones locales, afectando la sostenibilidad financiera del municipio.
Más allá del caso: lecciones para la administración pública
El expediente también ha mostrado conexiones sensibles en el ámbito político y profesional. Jamis mantuvo vínculos con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y fue removido de los directorios del SAT y EMAPE tras publicaciones periodísticas que expusieron su cercanía con figuras clave de la administración pública.
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Asimismo, el exministro del Interior y de Justicia, Juan José Santiváñez, informó al Ministerio Público que se incorporó al estudio de abogados de Jamis poco después de dejar el cargo.
Ninguno de estos vínculos constituye delito por sí mismo. Pero sí alimenta una pregunta legítima: ¿la justicia demoró por razones procesales o porque determinados expedientes solo avanzan cuando cambian los equilibrios de poder?
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¿Qué frena realmente los expedientes de corrupción municipal?
El costo de la ineficiencia institucional se refleja en gastos adicionales para el Estado, como remuneraciones, peritajes y gastos administrativos acumulados durante años de trámite judicial.
Mientras tanto, la demora en los procesos y la falta de transparencia afectan la percepción ciudadana sobre el uso de los fondos públicos y debilitan la legitimidad de las instituciones. El juicio oral determinará si existió o no responsabilidad penal, mientras Jamis mantiene intacta la presunción de inocencia.
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El caso deja una advertencia para el sistema judicial y la administración pública: cuando una investigación por presunta corrupción municipal tarda más de cinco años en llegar a juicio, el problema no solo radica en el expediente específico, sino en el funcionamiento del sistema que permitió que la causa permaneciera inactiva tanto tiempo.
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