La Federación Universitaria de San Marcos solicitó formalmente al presidente de la República, José María Balcázar Zelada, que no se autorice el ingreso ni el uso de fuerza policial en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) durante las protestas estudiantiles. El pedido se fundamenta en la preocupación por una posible intervención policial que podría considerarse desproporcionada, especialmente en el contexto de manifestaciones vinculadas al rechazo de la Ley de Reelección de Rectores.
Los estudiantes de la UNMSM, representados por la Federación Universitaria, expresaron en un oficio dirigido al mandatario que las movilizaciones actuales responden a la defensa de la alternancia en la conducción universitaria y a la demanda de procesos electorales transparentes que aseguren la participación estudiantil. La carta, firmada por José David Castillo Silva, presidente de la Federación, enfatiza que el diálogo con las autoridades universitarias ha sido infructuoso hasta el momento y que la búsqueda de interlocución debe ser priorizada antes que cualquier medida de fuerza.
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La Federación sostiene que el uso de la fuerza policial en el campus, lejos de resolver el conflicto, puede agravar la tensión y dificultar la resolución pacífica del reclamo estudiantil. La organización estudiantil subraya que su acción se enmarca en el derecho a la protesta y demanda que se respete el espacio universitario como ámbito de debate y construcción democrática.
La solicitud fue presentada en un contexto de creciente incertidumbre ante la posibilidad de que el Consejo Universitario y la Rectora autoricen la intervención de la policía. Según el comunicado, la Federación urge al Ejecutivo a garantizar que la respuesta institucional priorice el diálogo y la escucha activa de las demandas estudiantiles.
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Rectora de San Marcos presenta denuncia penal contra estudiantes
En paralelo al pedido de la Federación, la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón, interpuso una denuncia penal contra un grupo de estudiantes, acusándolos de daños en el campus universitario. La acción legal se produjo tras los hechos registrados durante la protesta y se suma a la decisión del Consejo Universitario de crear una comisión de diálogo para abordar el conflicto.
La denuncia presentada por Ramón argumenta que los estudiantes habrían incurrido en actos que perjudican la infraestructura y el normal funcionamiento de la universidad. En respuesta, representantes estudiantiles han manifestado que estas medidas judiciales constituyen un intento de criminalizar la protesta y de desalentar la participación activa de los alumnos en las decisiones institucionales. La creación de una comisión de diálogo busca abrir un canal para resolver las diferencias y evitar la escalada del conflicto, aunque hasta ahora los estudiantes sostienen que sus planteamientos no han recibido respuesta efectiva por parte de las autoridades.
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Situación política y legislativa en torno a la reelección de la rectora
La tensión universitaria se inserta en un debate nacional sobre la reelección de autoridades en las universidades públicas. La continuidad de Jeri Ramón al frente de la UNMSM depende de que el Congreso y el Ejecutivo oficialicen en menos de 48 horas una ley que habilite la reelección de rectores. La iniciativa legislativa debe ser promulgada con urgencia debido a los plazos estatutarios y a la presión de diversos sectores que exigen alternancia y transparencia en la conducción universitaria.
El proyecto de Ley de Reelección de Rectores, actualmente bajo análisis parlamentario, ha generado controversia dentro y fuera del campus. Sectores estudiantiles y algunas agrupaciones docentes sostienen que la norma, de aprobarse, limitaría la alternancia y restringiría la representación estudiantil en los órganos de gobierno universitario. La decisión final del Congreso y el Ejecutivo impactará directamente en la gobernabilidad de la universidad y en la legitimidad de sus autoridades.
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