
¿Sabías que las empresas pueden dar prestaciones alimentarias a sus trabajadores? Esto se encuentra normado según la Ley 28051 Ley de prestaciones alimentarias en beneficio de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Pero, ahora, una nueva propuesta busca que se amplié esta entrega a más empresas.
La propuesta fue presentada por Ana Zadith Zegarra Saboya, integrante del grupo parlamentario Somos Perú. “La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 1 de la Ley N.º 28051, Ley de Prestaciones Alimentarias en beneficio de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, a efectos de ampliar el alcance del beneficio allí regulado, haciéndolo extensivo a todos los trabajadores del país, incluyendo a quienes se encuentran comprendidos en regímenes especiales”, aclara.
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Básicamente, ampliará el detalle de la Ley para que especifique que también las micro y pequeñas empresas pueden ajustarse a esta Ley. ¿Pero por qué la medida busca que más trabajadores puedan acceder a estos beneficios?
Más prestaciones alimentarias
Las prestaciones alimentarias pueden tratar de vales para consumo o cualquier otro monto entregado en esa forma para que el trabajador lo destine en su alimentación diaria.
“La presente ley tiene como finalidad mejorar el bienestar material de los trabajadores, fortalecer su capacidad adquisitiva en materia alimentaria, promover mecanismos eficientes de compensación no remunerativa, incentivar la formalización del consumo y contribuir a la dinamización de la economía”, afirma la medida.
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Con esto, el primer artículo de la ley vigente quedaría escrito del siguiente modo: “La presente Ley establece el otorgamiento de prestaciones alimentarias con fines promocionales en favor de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, incluyendo a aquellos comprendidos en los regímenes especiales de la micro y pequeña empresa, con el objeto de mejorar su capacidad adquisitiva mediante la adquisición de bienes de consumo alimentario suministrados por el empleador a través de terceros, en condiciones adecuadas. Las prestaciones alimentarias, podrán ser objeto de convención colectiva de trabajo o contrato individual”.

¿Por qué se promueve esta medida?
Según el proyecto de ley, en su parte explicativa, su medida tiene por objeto modificar el artículo 1 de la Ley N° 28051, a fin de ampliar el alcance del régimen de prestaciones alimentarias, permitiendo que dicho beneficio pueda ser otorgado a los trabajadores de la actividad pública y privada, manteniendo su naturaleza promocional y su finalidad específica orientada a mejorar la capacidad adquisitiva destinada a la adquisición de alimentos.
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“La propuesta normativa se orienta a atender tres situaciones que evidencian limitaciones en el régimen vigente de prestaciones alimentarias: el alcance restringido del beneficio, la limitada utilización de mecanismos de compensación no remunerativa y la necesidad de fortalecer la formalización del consumo en el mercado de alimentos”, apunta el texto.
Es decir, que por un lado, se advierte que el beneficio no se encuentra disponible para la totalidad de trabajadores, lo que reduce su impacto potencial en términos de bienestar y productividad. “Esta limitación resulta relevante en la medida en que los efectos positivos del sistema no dependen del régimen laboral específico, sino de su adecuada implementación y cobertura”, se añade.
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También, “en segundo término, el esquema actual de compensación laboral continúa concentrándose en mecanismos tradicionales que implican mayores cargas para el empleador, relegando alternativas complementarias de carácter no remunerativo que podrían mejorar las condiciones del trabajador sin generar incrementos significativos en la estructura de costos laborales”.
Pero adicionalmente se identifica la “necesidad de orientar el gasto alimentario hacia canales formales, trazables y verificables, especialmente en un contexto de creciente digitalización de los medios de pago”. Así, esto permitiría mejorar la transparencia de las transacciones y fortalecer la formalización económica y contribuir a una mayor recaudación tributaria, según afirma el proyecto.
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