
La Pontificia Universidad Católica del Perú admitió que la comunicación de su nuevo esquema de becas y pensiones “ha tenido ruido en el medio”, en una entrevista concedida este jueves a RPP en medio de una crisis que el día anterior derivó en la toma del Edificio Dintilhac en el campus universitario y el bloqueo de la avenida Universitaria por parte de estudiantes que rechazan el cambio.
Quien salió a dar la cara fue Mónica Bonifaz, vicerrectora administrativa de la institución. Su mensaje central fue que el nuevo sistema no perjudica a ningún alumno matriculado hoy y que, lejos de recortar apoyos, busca ampliar la base de beneficiarios. Pero también reconoció que la complejidad del plan generó confusión: “Es difícil de comunicar”, admitió.
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El detonante de las protestas es un rediseño del esquema de pensiones y becas que entrará en vigencia en 2027 y que solo aplicará a los postulantes admitidos a partir de ese año. Los estudiantes que hoy cursan carreras en la PUCP no verán alteradas sus condiciones.

El cambio reorganiza la estructura de nueve niveles vigente en ocho: cuatro becas de alta subvención y cuatro escalas regulares. Las becas se articulan en dos programas. El primero es LUCET, dividido en dos modalidades orientadas a estudiantes de alto desempeño académico que necesitan reducir el costo de sus estudios, con un precio de crédito de 200 soles en su nivel más alto de subvención. El segundo es el programa McGregor, también en dos niveles, dirigido a alumnos que requieren apoyo económico sin condicionamiento de rendimiento académico.
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“Los primeros cuatro niveles son becas parciales de alta subvención por parte de la universidad y los otros cuatro niveles son las escalas regulares”, explicó Bonifaz.
Lo que reemplaza y por qué
En el sistema vigente, las escalas denominadas G1, G2 y G3 funcionaban en la práctica como becas de alta subvención, pero no estaban formalmente clasificadas como tales. Bonifaz fue directa al explicar la razón del cambio: “Lo que el sistema hace es ordenar. Lo que el sistema hace es transparentar que esas tres escalas excepcionales de alta subvención se incorporen en un nuevo sistema de becas”.

La vicerrectora también señaló una presión externa que aceleró la decisión. El financiamiento estatal a través del programa Beca 18 se ha reducido, lo que obliga a la universidad a redefinir con claridad qué recursos propios destina al apoyo estudiantil. “Para que nosotros podamos ampliar la base del apoyo a los estudiantes, necesitamos sincerar cuáles van a ser los programas de beca que le van a dar cobertura a estos estudiantes”, sostuvo.
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La ley universitaria, añadió, obliga a las universidades privadas a transparentar de qué manera destinan sus excedentes a programas de subvención y becas. El nuevo esquema, en ese sentido, también responde a una exigencia legal.
El 42% que está en el centro del debate
Uno de los datos que Bonifaz puso sobre la mesa para rebatir la narrativa de recorte fue el porcentaje actual de alumnos con alta subvención. Hoy, el 42% de los estudiantes de la PUCP accede a las escalas excepcionales G1, G2 o G3.
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“Con el nuevo sistema va a ser similar o mayor”, afirmó la vicerrectora. La proyección incluye duplicar las vacantes del programa LUCET para absorber a los estudiantes que ya no contarán con el soporte de Beca 18. Bonifaz también aclaró que el impacto del cambio no es uniforme hacia arriba: “Para otros las reduce”, dijo al ser consultada sobre si el nuevo esquema podría elevar pensiones en algunas categorías.

Aprobado por unanimidad, mal recibido en las aulas
El nuevo sistema fue aprobado por unanimidad en el Consejo Universitario, órgano en el que la representación estudiantil tiene participación formal. Antes de esa votación, equipos técnicos de la universidad sostuvieron reuniones con miembros de gremios estudiantiles y de la FEPUC, la Federación de Estudiantes de la PUCP, que es la organización detrás de las protestas.
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Pese a ese proceso, la crisis estalló. Ante la pregunta de por qué un plan aprobado con representación estudiantil generó una reacción de esa magnitud, Bonifaz no eludió la autocrítica: “La comunicación ha tenido ruido en el medio”, reconoció. Y agregó: “¿Es difícil de comunicar? Sí, pero el diálogo siempre estuvo presente”.
La vicerrectora recordó que la PUCP es, según sus palabras, “probablemente la única universidad privada que cogobierna con su representación estudiantil”, con un tercio de representantes estudiantiles en la asamblea universitaria y presencia estudiantil en el Consejo Universitario.
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La noche del Edificio Dintilhac
El martes, un grupo de estudiantes ingresó a la fuerza al primer piso del Edificio Dintilhac, sede de las oficinas administrativas de la universidad, y bloqueó la avenida Universitaria. Ante esa situación, un miembro del equipo rectoral se sentó a conversar con los manifestantes.
“Un miembro del equipo rectoral dialogó por más de dos horas ayer en la noche con los estudiantes que habían ingresado a la fuerza a las instalaciones del primer piso del edificio”, relató Bonifaz. La gestión, no obstante, no arrojó acuerdos concretos. “Los representantes que se encontraban al interior y alrededor no llegaron a ningún acuerdo”, admitió.
La institución emitió un comunicado en el que rechazó las acciones ocurridas por considerarlas contrarias al espíritu de una universidad católica y democrática.
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Una comisión como salida institucional
En paralelo a los hechos del martes, el Consejo Universitario sesionó. Durante esa reunión, la representación estudiantil presentó una propuesta para conformar una comisión de diálogo, iniciativa que había sido previamente coordinada con dirigentes de la FEPUC.
El Consejo la aprobó. Se creó así una comisión asesora del Consejo Universitario con representación de la Federación de Estudiantes, que será el canal formal para discutir el nuevo esquema de pensiones y becas.
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Bonifaz descartó que la universidad vaya a tomar represalias contra los estudiantes que participaron en las protestas. “La universidad nunca toma represalias”, afirmó, aunque aclaró que existen normas internas que regulan la convivencia en el campus y cuerpos encargados de supervisar el normal desempeño de la vida académica. Sobre la posibilidad de sanciones, señaló que ni el equipo rectoral ni el Consejo Universitario han formulado amenazas en ese sentido.
La vicerrectora cerró con un llamado a que la FEPUC defina con claridad quiénes serán sus interlocutores en el proceso que se abre: “Nosotros les hemos planteado espacios de diálogo siempre, y eso tiene que quedar muy claro. Nunca se ha cerrado el diálogo”.
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