El Gobierno promulgó una nueva ley que autoriza la incorporación progresiva de miles de trabajadores del Poder Judicial contratados a plazo indeterminado bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) al régimen laboral de la actividad privada en Perú. La Ley N° 32504, publicada el 22 de noviembre de 2025, establece el marco legal para que estos empleados accedan a las mismas condiciones laborales y protecciones del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo.
Requisitos para la incorporación
El proceso de incorporación abarca únicamente a quienes cumplen ciertos requisitos definidos en la norma. Los beneficiarios deberán contar con un contrato vigente bajo el régimen CAS a plazo indeterminado a la fecha de publicación, haber ingresado mediante concurso público de méritos y laborar en una plaza transitoria con presupuesto sostenible.
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Quedan excluidos los trabajadores comprometidos en proyectos temporales, quienes ejercen funciones de suplencia, cargos de dirección o confianza, aquellos ingresados por contratación directa sin concurso, mayores de setenta años y personas con antecedentes de dos o más sanciones firmes.
La Gerencia de Recursos Humanos del Poder Judicial o el órgano designado emitirá un informe técnico para acreditar el cumplimiento de estas condiciones. Si corresponde, se realizarán concursos de méritos para formalizar la incorporación al Decreto Legislativo 728.
Implementación y financiamiento
El cambio de régimen se implementará progresivamente durante los próximos cinco años, según la disponibilidad presupuestal del Poder Judicial y en función del tiempo de contrato de los trabajadores.
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El financiamiento para esta transición se cubrirá con recursos institucionales del Poder Judicial, sin requerir partidas adicionales del Tesoro Público. El Ministerio de Economía y Finanzas puede realizar estudios técnicos para asegurar que el gasto sea cubierto con los fondos ya asignados a la entidad.
La Ley N° 32504 exime al Poder Judicial de ciertas restricciones presupuestarias establecidas en la Ley 32185, que regula el presupuesto público para el año fiscal 2025, a fin de facilitar la aplicación de la nueva norma.
Derechos laborales y protección
Los empleados que pasen al régimen de la actividad privada bajo el Decreto Legislativo 728 adquieren protección contra despidos injustificados y derechos inherentes a ese régimen, como el cálculo de antigüedad y beneficios derivados. Se reconoce el tiempo laborado bajo el régimen CAS únicamente para determinar la antigüedad y otros beneficios vinculados, aunque no genera derechos retroactivos adicionales.
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El Poder Judicial, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, deberá emitir lineamientos complementarios en un plazo de sesenta días hábiles desde la publicación de la ley. Además, la entidad judicial establecerá el procedimiento administrativo y la creación de una comisión con participación de representantes de los trabajadores como veedores, con el objetivo de asegurar transparencia y cumplimiento de la normativa.
Cronograma y próximos pasos
Desde la entrada en vigor de la ley, el Poder Judicial tiene cinco años para completar todas las acciones necesarias para ejecutar las incorporaciones de personal al nuevo régimen laboral. El proceso incluirá la planificación administrativa interna, la designación de la comisión supervisora y la elaboración de normas complementarias que garanticen una transición ordenada.
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La promulgación de la Ley N° 32504 representa una de las transformaciones más importantes de la situación laboral del personal que presta servicios en el Poder Judicial bajo contratos CAS, un sector que históricamente reclamó mayor estabilidad y mejores condiciones laborales dentro de la administración pública en Perú.
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