Millonario salvataje de Petroperú será gestionado fuera de la petrolera: funcionario de Proinversión explicó los motivos

La reciente decisión de que el salvataje financiero de 2.000 millones de dólares para Petroperú no sea gestionado directamente por la propia petrolera, sino por Proinversión, marca un cambio estructural en la manera en que el Estado peruano enfrenta la crisis de su empresa emblemática. Según informó Exitosa, el nuevo esquema busca evitar la repetición de errores pasados y promueve una administración más eficiente, apoyada por criterios de mercado y protección frente a posibles injerencias políticas.

¿Quién gestionará el millonario subsidio a PetroPerú?

El anuncio fue detallado por Ángel Delgado, director del proyecto de reorganización patrimonial de Petroperú en Proinversión, quien explicó que el financiamiento provendrá de la banca internacional, sin que el Tesoro Público desembolse recursos directos. En esta ocasión, el Estado peruano solo ofrecerá una garantía contingente a través del Ministerio de Energía y Minas, pero la responsabilidad del repago recaerá exclusivamente en Petroperú. De acuerdo con declaraciones recogidas en Informamos y Opinamos de Exitosa, el objetivo es instalar una administración orientada por criterios de mercado, separada de la influencia política y sindical, que ha caracterizado a la petrolera en el pasado.

A diferencia de los rescates previos, el dinero no ingresará a las cuentas principales de Petroperú, sino que se canalizará a través de una subsidiaria creada especialmente, bajo control total de Proinversión. Allí, se constituirá un fideicomiso destinado a proteger los fondos frente a deudas históricas y prácticas ineficientes. “El dinero será protegido de cualquier actor externo, de deudas pasadas o prácticas ineficientes”, afirmó Delgado en la entrevista, asegurando el uso exclusivo de los recursos para la recuperación y rentabilidad de la empresa.

¿Quiénes quedan excluidos?

La administración técnica del salvataje quedará en manos de Proinversión, quedando excluidos tanto el sindicato como el directorio de Petroperú de la toma de decisiones sobre el destino de estos fondos. El equipo gerencial de la compañía mantendrá la gestión diaria, pero la caja y las inversiones asociadas al rescate operarán bajo un esquema separado, supervisado por el Estado a través de un órgano especializado.

El nuevo mecanismo no supone una garantía soberana tradicional. De acuerdo con Delgado, la garantía estatal es “no financiera o compromiso contingente”, lo que implica que no habrá un desembolso directo salvo que se presente un incumplimiento extremo.

El diagnóstico oficial revela que Petroperú atraviesa una crisis de liquidez tan grave que no tiene fondos suficientes ni siquiera para la adquisición de petróleo, elemento clave para operar la refinería de Talara. Esta planta, uno de los activos más relevantes de la empresa, funciona por debajo de su capacidad y ha perdido cuota de mercado.

Proceso de reorganización

La reorganización patrimonial incluye la creación de bloques que agruparán activos de alto valor para facilitar la entrada de capital privado. Según Proinversión, el modelo busca que operadores privados, preferentemente internacionales, asuman la gestión y la inversión en infraestructura estratégica.

La refinería de Talara será el primer activo en este proceso, y ya existen conversaciones avanzadas con potenciales interesados. Delgado comparó el potencial de Talara con “un Ferrari y un Lamborghini que no ha sido conducido por un piloto con suficiente experiencia”, en alusión al bajo aprovechamiento bajo la administración estatal.

El plan aprobado por el Ejecutivo a mediados de febrero prevé que el operador privado seleccionado para Talara tendrá la obligación de invertir en su mantenimiento y recuperación de valor. “Muchos activos se han visto muy deteriorados por la falta de dinero”, reconoció Delgado añadiendo que ni el Estado ni Petroperú ni el Tesoro Público pueden afrontar solos los requerimientos de inversión. Otros activos estratégicos que serán parte de la reorganización incluyen los terminales del sur y los lotes petroleros, como el lote 192, que dejó de producir en 2019 tras su abandono.

Ante las preocupaciones sobre la posible “desnacionalización” de Petroperú, Delgado aseguró que la propiedad de los activos y concesiones continuará en manos del Estado peruano. “La estrategia busca obtener lo mejor del privado a fin de que los activos públicos se puedan repotenciar e incrementar su valor de manera significativa”, señaló el funcionario.

Nuevo esquema

Entre los mecanismos de blindaje diseñados para evitar interferencias políticas y sindicales, se incluyen dispositivos legales que facultan a Proinversión para instruir al directorio y a la gerencia general de Petroperú en actos esenciales para la reorganización, bajo plazos estrictos y responsabilidad funcional. El decreto de urgencia publicado el 31 de diciembre del año pasado y el instrumento habilitado recientemente otorgan ese poder a la agencia estatal.

La activación final del esquema depende de la vigencia del decreto de urgencia 10-2025, paso indispensable para que la banca internacional libere el financiamiento. El Gobierno espera que antes de fin de año Petroperú logre estabilizar sus operaciones y disponga de una caja positiva, lo que permitiría avanzar hacia la integración de capital privado y una gestión más eficiente en la etapa siguiente.

De acuerdo con Delgado, el éxito del proceso reside en el compromiso de Proinversión y de los funcionarios involucrados, con el propósito de devolver a la petrolera su carácter autosostenible y rentable, y evitar que continúe drenando recursos públicos. El nuevo esquema constituye una intervención inédita en la historia reciente de la empresa, cuyo desenlace podría redefinir el papel de las empresas estatales en la economía peruana.