Desde 2013, el Estado peruano ha canalizado más de S/ 20,200 millones (aproximadamente US$ 5,500 millones) en apoyo financiero a la empresa estatal Petroperú, según datos recopilados por el Instituto Peruano de Economía (IPE). Esta suma incluye capitalizaciones, garantías y préstamos, consolidando una cifra histórica que revela la magnitud del respaldo estatal para mantener la operatividad de la principal petrolera del país.
Petroperú, la empresa estatal que más apoyo financiero ha recibido del estado peruano
De acuerdo con el IPE, Petroperú ha recibido asistencia bajo distintos mecanismos. El mayor monto corresponde a garantías y fondos, con más de S/ 10,800 millones orientados a operaciones de endeudamiento, importación de crudo y provisión de capital de trabajo. Además, el Estado ha efectuado aportes directos de capital por S/ 5,700 millones, destinados a sostener la solvencia de la empresa, y ha otorgado préstamos que suman S/ 3,700 millones para cubrir obligaciones tributarias y necesidades de corto plazo.
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En los últimos años, el flujo de recursos estatales se ha intensificado debido a la crítica situación financiera de la compañía. Solo en diciembre de 2022 se aprobó una inyección de S/ 4,000 millones (alrededor de US$ 1,000 millones) con el objetivo de evitar el colapso de las operaciones y cubrir deudas inmediatas. A esto se sumó una transferencia adicional de S/ 500 millones (unos US$ 145 millones) en marzo de 2026, utilizada principalmente para saldar compromisos con proveedores y asegurar el abastecimiento de combustibles.

El nuevo respaldo a PetroPerú será de 2 mil millones de dólares
El respaldo financiero a Petroperú responde a la urgencia de mantener la continuidad de las actividades de refinación, transporte y distribución de combustibles en todo el territorio nacional.
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Roger Arévalo, presidente de PetroPerú, ha justificado estas solicitudes argumentando que una eventual paralización de la empresa provocaría un impacto directo en el abastecimiento energético y en la estabilidad de los precios internos de los combustibles. Además, reveló la tarde del 29 de abril que solicitaron un nuevo apoyo “para ayer porque la refinería de Talara y Conchán está a punto de parar. Sino tomamos medidas rápidas el Perú podría parar. El gobierno está mediando una medida de emergencia no con aportes del tesoro sino con aportes financieros privados”.
La dinámica del apoyo estatal no se limita a los recursos ya desembolsados. Según reveló el Instituto Peruano de Economía, la compañía solicitaría nuevos rescates adicionales de seguir esta crisis. Estos fondos estarían destinados a mantener a flote las operaciones de sus refinerías, en particular la modernización y sostenimiento de la Refinería de Talara, uno de los proyectos más ambiciosos y costosos en la historia reciente de la empresa.
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No hay estrategia para PetroPerú
La situación financiera de Petroperú se ha visto afectada por varios factores, entre ellos la volatilidad internacional de los precios del crudo, la estructura de costos de la compañía y los desafíos estructurales en la gestión empresarial.
El presidente el Consejo Fiscal, Alonso Segura, señaló que el caso de PetroPerú demuestra que una empresa pese a recibir dinero no sabe gestionarlo y rentabilizarlo. Informó que otro problema es que hay ministros que deniegan dinero a la petrolera estatal mientras que hay otros titulares del MEF que ‘dicen dónde está el cheque’ y esto genera inestabilidad ante cualquier forma de reestructurar la petrolera estatal.
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El debate sobre la magnitud y sostenibilidad del respaldo estatal a Petroperú ha generado posiciones encontradas en el ámbito político y económico. Mientras sectores del Ejecutivo defienden la intervención como una medida necesaria para preservar la autosuficiencia energética del país, economistas y analistas independientes advierten sobre los riesgos fiscales asociados a una política de rescates sucesivos. La discusión se ha trasladado al Congreso, donde se analizan proyectos de ley orientados a fortalecer la supervisión y transparencia en el uso de recursos públicos destinados a empresas estatales.

Expertos en hidrocarburos no avizoran buen panorama para la petrolera estatal
En paralelo, la empresa ha iniciado un proceso de reestructuración con el objetivo de mitigar las pérdidas acumuladas y mejorar la eficiencia operativa. Autoridades del Ministerio de Energía y Minas han subrayado que la reestructuración implica renegociar deudas, optimizar procesos internos y revisar contratos con proveedores, como parte de un plan integral que busca reducir la dependencia de fondos públicos en el mediano plazo.
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El exviceministro de Energía y Minas, Pedro Gamio, lamentó la situación de PetroPerú y remarcó que es necesario una reestructuración total de la empresa estatal. Además, remarcó la importancia de que exista personal idóneo que trabaje por reflotarla y ‘no hundirla’.
“La situación exige un esfuerzo conjunto del sector público y privado para garantizar la viabilidad de la empresa sin comprometer la estabilidad de las finanzas estatales”, afirmó en TV Perú Edición Tarde.
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La suma global destinada a Petroperú desde 2013 no solo refleja el tamaño del desafío financiero que enfrenta la petrolera estatal, sino que reabre el debate sobre el papel del Estado en la economía y el modelo de gestión de las empresas públicas en el Perú. Mientras continúan las discusiones y solicitudes de nuevos fondos, el futuro de la empresa y el alcance del respaldo estatal seguirán bajo estrecha vigilancia de la opinión pública y los organismos de control presupuestario.
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