Las imágenes muestran a un hombre siendo interceptado por autoridades durante la noche. El individuo, con tatuajes en el brazo, es captado en varias tomas de su detención en una calle urbana. El hombre huyó de un megaoperativo y ofreció S/10 mil para evitar ser detenido.
El megaoperativo policial en La Victoria dejó como saldo la detención de catorce funcionarios y exfuncionarios municipales, entre ellos Anthony Quispe, exfiscalizador de la comuna, quien fue capturado cuando intentaba evadir la acción de las autoridades durante la intervención por el caso ‘Los Pulpos de La Victoria’. Anthony Quispe no solo intentó escapar del cerco policial, sino que ofreció hasta S/10.000 a los agentes para que lo dejaran libre y argumentó que es padre de familia en un intento de conmover a los efectivos policiales.
Operativo para desarticular banda criminal de cobro de cupos de Gamarra
La intervención ocurrió en la madrugada del martes en distintos puntos de Lima, como parte de una investigación dirigida por la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la Policía Nacional del Perú (PNP), que busca desarticular a la organización criminal conocida como ‘Los Pulpos de La Victoria’. La estructura está sindicada de haber recaudado aproximadamente S/75 millones mediante el cobro sistemático de cupos a los comerciantes ambulantes del emporio comercial de Gamarra.
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El operativo incluyó allanamientos a inmuebles de funcionarios y exfuncionarios, entre ellos la vivienda del alcalde de La Victoria, Rubén Cano, en el distrito de La Molina. La hipótesis fiscal sostiene que Cano habría facilitado el ingreso de la red al área de Fiscalización municipal y que la organización infiltró desde 2024 puestos claves en la gestión de espacios públicos. El Ministerio Público también incautó documentos, equipos electrónicos y registros que serán analizados en las diligencias preliminares.

Alias el Pulpo
La red dirigida por Juan Manuel Núñez Castro, alias ‘El Pulpo’, operaba controlando los sectores conocidos como Damero A y B de Gamarra. La investigación indica que los implicados utilizaban operativos municipales de recuperación de espacios públicos para retirar a los ambulantes de determinadas zonas. Posteriormente, estos lugares eran nuevamente entregados a los comerciantes a cambio de pagos ilegales. Los montos para acceder a estos espacios variaban entre S/1.000 y S/5.000, sumados a cuotas semanales de entre S/15 y S/20. Cuando los comerciantes se negaban a pagar, la red ordenaba el decomiso o retiro de su mercadería.
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Durante el megaoperativo, las autoridades detuvieron a funcionarios de áreas clave como Fiscalización, Recursos Humanos y Rentas de la Municipalidad de La Victoria, así como al exgerente de Movilidad Urbana Sostenible. Según el fiscal adjunto provincial Carlos Angelino Córdova, “la organización criminal ha acopiado setenta y cinco millones de soles”, cifra confirmada a Canal N.
Entre los materiales incautados figuran 25 teléfonos celulares, 10 chips, tres USB, dos laptops, tres libretas, un arma de fuego, dos cacerinas, 100 municiones y documentación relevante para el caso. El análisis de estos elementos podría aportar información sobre la magnitud y funcionamiento de la red.
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Modus operandi de banda criminal
La modalidad empleada por ‘Los Pulpos de La Victoria’ incluía la asignación de cuadrantes de tres a cinco metros cuadrados a los ambulantes, quienes debían pagar diariamente para mantener su puesto. El control de estos espacios generó una recaudación cuantiosa que, según la investigación fiscal, se habría canalizado hacia miembros de la organización y funcionarios municipales.
La detención de Anthony Quispe ha generado atención particular, ya que, según fuentes policiales citadas, el exfiscalizador ofreció dinero a cambio de su liberación y puso como argumento su rol de padre de familia. Las autoridades trasladaron a Quispe y al resto de los detenidos a la Prefectura de Lima para mantenerse bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.
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Administración municipal cuestionada
El caso también ha puesto en el foco la actuación de la actual administración municipal, encabezada por Rubén Cano, quien, según la tesis de la Fiscalía, habría tenido conocimiento de los hechos ilícitos tras asumir la gestión en enero de 2023. La red operó, de acuerdo con la investigación, desde al menos 2024, aunque existen indicios de infiltración en el área de Fiscalización desde años previos.
El Ministerio Público fundamenta la investigación en informes policiales, escuchas telefónicas, seguimientos y testimonios de colaboradores eficaces, quienes han aportado detalles sobre la estructura, los roles y el modus operandi de la organización. El análisis de la documentación y los dispositivos incautados será clave para fortalecer la acusación y determinar el grado de responsabilidad de cada implicado.
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Las acciones de la Policía y la Fiscalía han sido acompañadas por un despliegue significativo en distintos puntos de la ciudad, lo que permitió la captura simultánea de los investigados y la incautación de evidencias. El impacto de la redada se extiende a nivel institucional, ya que involucra a funcionarios de alto rango y pone bajo escrutinio la gestión del municipio de La Victoria.
Por el momento, la comuna no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las detenciones ni sobre las acusaciones de corrupción y extorsión. El avance de las investigaciones determinará las medidas legales y administrativas que se aplicarán a los funcionarios implicados y el futuro del liderazgo municipal en el distrito.
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