Alertan sobre riesgos en nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, enviada a cuarto intermedio en el Congreso

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, criticó este martes la propuesta de nueva Ley Orgánica del Ministerio Público que el fiscal de la Nación, Tomás Galvéz, ha pedido aprobar al Congreso y con la cual podría decidir quién será su sucesor cuando finalice su mandato de tres años en 2029.

En comunicación con la radio Exitosa, el jurista señaló que la iniciativa —que la Comisión de Constitución y Reglamento, presidida por el fujimorista Arturo Alegría, envió a cuarto intermedio— busca consolidar la “posición de poder” de Gálvez.

Rivera sostuvo que el proyecto se ha presentado “prácticamente sin debate” y que la comisión encargada está “básicamente compuesta por personas bastante vinculadas a Gálvez”, pese a que “algunas fiscalías especializadas del propio Ministerio Público han manifestado su desazón con este proyecto”.

El abogado planteó dos principales observaciones: una concentración “exagerada, inclusive fuera de la ley, del poder del fiscal de la Nación” y la reconfiguración de las fiscalías especializadas.

Explicó que “el proyecto apunta a una mayor concentración del poder de parte de la Fiscalía de la Nación, tanto así que termina vulnerando el propio principio de autonomía del Ministerio Público, de los fiscales, en el sentido de que sus decisiones podrían ser eventualmente revisadas a nivel de la Fiscalía de la Nación”.

Añadió que, aunque el Ministerio Público tiene una estructura jerárquica, “el principio de autoridad es lo que les permite tomar decisiones de manera autónoma, independiente. Pero eso de alguna manera está siendo con este proyecto de ley, porque permite justamente un nivel de revisión y de consentimiento por parte de los superiores y especialmente los fiscales supremos y el de la Nación”.

El proyecto, de aprobarse, implicaría además que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) nombre cinco fiscales supremos, ya que contempla la creación de nueve fiscalías supremas.

Según el letrado, ello “no solamente modificaría un poco la estructura en el vértice superior del Ministerio Público, sino que además también pasarían a ser como los entes rectores de los capítulos de investigación especializada del Ministerio Público, cuando esa tarea en realidad está en las fiscalías superiores”.

Rivera consideró que la reforma podría “malograr el esquema de investigación que tiene actualmente el Ministerio Público”, el cual —según indicó— “en los últimos por lo menos veinte o veinticinco años ha consolidado una estrategia de organización de la entidad justamente para, a través de fiscalías especializadas, responder sobre todo a la criminalidad compleja”.

Respecto a la incorporación del delito de lesa humanidad, también prevista en el proyecto, señaló que “se ha hecho mala copia del Estatuto de Roma”, que regula “crímenes de guerra internacional, crímenes de lesa humanidad”.

“Pero creo que en la redacción del proyecto, donde se pretende definir o tipificar el delito de lesa humanidad, los de Fuerza Popular, que son los que han presentado ese proyecto, a mí me parece que de una manera un tanto tramposa, lo que han pretendido es establecer algunas reglas de prueba, cuando lo que corresponde a un tipo penal”, señaló.