El sector del trabajo doméstico en Perú presenta una alta informalidad: más del 95 % de las trabajadoras del hogar ejercen sus labores sin acceso a beneficios sociales, incluso bajo el amparo de la Ley N.º 31047. Esta situación, que impacta principalmente a mujeres, persiste pese a los avances legislativos y se visibiliza en fechas como el Día del Trabajo.
La problemática alcanza a más de 400.000 personas, de las cuales el 40 % ejerce la jefatura de hogar. Son datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Solo una de cada veinte trabajadoras tiene contrato escrito, indispensable para exigir derechos y acceder al sistema de seguridad social. Este nivel de informalidad perpetúa la precariedad económica y limita el acceso a la protección social en los hogares de menores ingresos.
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Las cifras concretas explican la falta de derechos: menos del 10 % accede a EsSalud, apenas el 1,5 % percibe Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), y la baja bancarización complica cualquier previsión de jubilación. Así, se dificulta construir una red de seguridad ante el cese laboral y se agrava la vulnerabilidad social.
“La precariedad laboral en el hogar impacta directamente en la economía familiar y reduce la autonomía para tomar decisiones financieras o salir de entornos de violencia”, advierte Rocío Valencia, vocera de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Jornadas extensas y sin control afectan la salud de trabajadoras del hogar
La brecha entre la ley y la práctica es significativa. Aunque la Ley N.º 31047 equipara derechos entre las trabajadoras del hogar y el resto del sector privado, su cumplimiento aún es limitado. Muchas no reciben gratificaciones, aguinaldos ni vacaciones completas, y la escasa bancarización resta posibilidades de ahorro y jubilación.
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Inés Martens, oficial nacional del proyecto Abriendo Puertas, remarca que exigir contrato escrito y registrarse ante el Ministerio de Trabajo son pasos esenciales para la protección de derechos. Persisten, no obstante, la resistencia cultural y la desinformación como barreras para la formalización y acceso efectivo a beneficios sociales.
Un problema adicional radica en la presencia de menores de edad en el trabajo doméstico. De acuerdo a la OIT, cerca de 11.000 niñas y adolescentes se desempeñan en este sector en Perú, pese a la prohibición de la legislación nacional e internacional. Este trabajo es considerado peligroso y expone a menores a altos niveles de vulnerabilidad y discriminación.
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En cuanto al tipo de empleo, la ley diferencia el trabajo con y sin residencia. La mayoría trabaja sin residencia, pero en ambos casos debe respetarse la jornada máxima de ocho horas y el pago por horas extras. No cumplir con estos límites incrementa la sobrecarga física y mental, afectando su salud y bienestar.
Derechos reconocidos por ley aún dependen de contratos y registro formal
Desde 2020, la Ley N.º 31047 garantiza sueldo mínimo, gratificaciones, vacaciones y descansos remunerados a las trabajadoras del hogar, además de feriados nacionales y un día específico para el sector: el 30 de marzo. El acceso real a estos derechos, sin embargo, requiere la existencia de contrato y el registro formal ante el Ministerio de Trabajo.
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Las plataformas digitales que intermedian servicios de limpieza y cuidado operan en un vacío legal, dificultando la fiscalización de derechos laborales. La OIT señala la urgencia de adaptar la normativa a los nuevos modelos de empleo y fortalecer los mecanismos de control para asegurar que la formalización mejore las condiciones de vida de las trabajadoras del hogar.
“Las trabajadoras del hogar, tanto a tiempo completo como parcial, tienen derechos laborales reconocidos por la ley. Por ello, es fundamental informarse y formalizar la relación mediante un contrato escrito”, señaló Inés Martens.
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