La empresa de transportes Gálaga podría volver a participar en el proceso de licitación para el traslado de material electoral que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desarrollará el 7 de junio. El reciente interés de la compañía surge tras su participación en la primera vuelta electoral del pasado 12 de abril, donde fue seleccionada para el traslado de insumos y documentación.
En conversación con Al Final del Día de Canal N, el abogado de la firma, Cristian Castillo, argumentó que la elección previa de Gálaga fue resultado de su capacidad técnica y logística, además de su cumplimiento legal y transparencia en todo el proceso.
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¿Por qué la empresa la Gálaga podría ser postor para la segunda vuelta?
De acuerdo con Castillo, la compañía reunió los requisitos exigidos por la ONPE para la primera vuelta, logrando la adjudicación gracias a contar con 70 vehículos propios y una estructura capaz de afrontar la magnitud del operativo electoral. “Nosotros hemos ganado teniendo 70 vehículos propios y por ello le dan el puntaje de ganador”, aseveró el letrado, quien resaltó que el principal factor diferenciador fue la capacidad logística, ya que la empresa competidora, Hermes, solo disponía de camiones de hasta 4 metros cúbicos, mientras que la ONPE solicitaba un mínimo de 10 metros cúbicos.

El proceso de adjudicación para la segunda vuelta electoral aún no ha concluido. Según Castillo, el equipo legal que representa a Gálaga, especializado en contratación pública, recomendó a la empresa presentarse nuevamente a la licitación abierta por la ONPE para el 7 de junio. “Queremos demostrar que Gálaga puede ganar en este y cualquier otro concurso del Estado porque tiene la capacidad como empresa, tiene responsabilidad como empresa y tiene las manos limpias por no haber pagado para obtener dicho contrato”, sostuvo el abogado.
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No hay sanciones contra Gálaga
Castillo enfatizó que, hasta la fecha, Gálaga no ha recibido sanciones por parte del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), lo que ratifica su elegibilidad para participar en procesos de contratación con entidades estatales.
“En OSCE no tenemos ninguna sanción”, indicó. Sin embargo, sí admitió la existencia de penalidades pecuniarias en contratos anteriores con la ONPE, aunque aclaró que este tipo de penalidades no constituye impedimento legal para postularse en nuevas convocatorias estatales. “Lo que sí impide contratar con el Estado son las sanciones”, subrayó Castillo.

ONPE y la segunda vuelta
El debate sobre la idoneidad y los plazos de la licitación cobró fuerza tras el análisis del especialista en gestión pública y derecho electoral, Martín D’Azevedo, quien explicó las particularidades del proceso electoral peruano. Según D’Azevedo, cualquier empresa que cumpla con los requisitos técnicos y legales puede presentarse a la convocatoria de la ONPE, aunque los tiempos administrativos representan un reto considerable.
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“El sistema menciona que ante un proceso electoral tan complejo como el nuestro las empresas están exoneradas de presentarse ya sea por invitación, pero lo cierto es que ya debió convocarse por los tiempos ya que el primer momento demora 45 días y si hay apelación son en total 90 días y si la primera vuelta está programada para el 7 de junio no alcanzaría el tiempo”, detalló el experto.
El proceso de contratación para el traslado de material electoral demanda una logística precisa y una capacidad técnica demostrable. Según los criterios de la ONPE, las empresas adjudicatarias deben disponer de vehículos de gran capacidad, experiencia en operativos de gran escala y un historial libre de sanciones graves. La firma Gálaga, tras su desempeño en la primera vuelta, busca consolidar su posición en el sector y continuar prestando servicios a entidades estatales bajo la premisa de cumplimiento normativo y transparencia pese al gran escándalo suscitado el 12 de abril último.
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¿Podría ser la empresa a contratar?
La contratación de empresas para el transporte de material electoral es un tema de alto interés público debido al impacto directo en la transparencia y seguridad de los procesos electorales. El cumplimiento de los plazos administrativos y la adecuada selección de proveedores resultan determinantes para la integridad del proceso, especialmente considerando el corto intervalo entre la primera y la segunda vuelta electoral.
La posibilidad de que Gálaga vuelva a participar en la licitación de la segunda vuelta dependerá de la capacidad de la ONPE para cumplir con los plazos de convocatoria y adjudicación, así como de la presentación formal de la empresa y el cumplimiento de todos los requisitos legales y técnicos. “Cualquier empresa puede presentarse, siempre que no tenga sanciones que lo impidan”, reiteró D’Azevedo en diálogo con Canal N.
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El seguimiento de este proceso se perfila como un indicador relevante sobre las condiciones de competencia y transparencia en la contratación pública en el contexto electoral peruano. Tanto la ONPE como las empresas participantes enfrentan el desafío de garantizar que el traslado de material electoral se realice bajo los más altos estándares de seguridad y eficiencia.
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