Cuatro policías son detenidos en San Martín por presunta red de extorsión que habría atacado a una jueza, abogados y empresarios

Cuatro efectivos de la Policía Nacional del Perú quedaron bajo custodia tras un amplio operativo realizado en las localidades de Moyobamba y Soritor, región San Martín, en respuesta a una investigación por presunto delito de organización criminal y extorsión. Estos agentes habrían formado parte de una red identificada como ‘Los Extorsionadores del Altomayo’, señalada por atacar a figuras del ámbito legal y empresarial de la zona mediante amenazas sistemáticas y violencia.

Durante la intervención efectuada por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de San Martín, se ejecutaron allanamientos en cuatro inmuebles ubicados en Moyobamba, así como en oficinas policiales de Soritor y de la División de Investigación Criminal (Divincri), según los datos obtenidos por Exitosa. Se incautaron equipos electrónicos, armas de fuego, sumas de dinero en efectivo y documentación relevante para la causa. El procedimiento incluyó la detención preliminar judicial de los agentes bajo investigación, mientras continúan las tareas para identificar a los restantes miembros de la presunta red.

La operación responde a un conjunto de hechos denunciados en la provincia de Rioja, en los que destacan actos extorsivos dirigidos específicamente contra el abogado Paulo Díaz, la jueza María del Pilar Tomanguillo y la empresaria Yolanda Quispe. Conforme a la fiscalía, los mecanismos empleados involucraban amenazas directas, envío de mensajes intimidatorios, entrega de coronas fúnebres y atentados contra bienes, todo con el propósito de coaccionar a que el letrado Díaz se apartara del patrocinio judicial en procesos abiertos contra integrantes de la red.

Cuatro policías son investigados por presunta red de extorsión en la PNP

La detención de los cuatro miembros en actividad de la Policía Nacional fue el resultado de un seguimiento judicial y policial iniciado en el marco de una pesquisa por organización criminal. Los funcionarios detenidos fueron identificados como Edwin Apaestegui (alias El cangry), Enmanuel Santos (alias Santos), Jair Moncada (alias Moncada) y Elvis Riva (alias Colorado), cuya captura se produjo en simultáneo en distintos puntos de Moyobamba y Soritor, además de dependencias policiales como la Divincri.

Dentro del operativo, liderado por el fiscal provincial Félix Amaru Freyre Pinedo, se respetaron los principios de legalidad y las garantías procesales de los involucrados. El procedimiento judicial permitió asegurar material probatorio fundamental para la investigación, incluyendo elementos que serán periciados con el fin de esclarecer la extensión y actividades de la organización.

Este bloque de detenciones ocurre en un contexto donde, según la información judicial, se investiga la presunta participación de otros integrantes aún no identificados, lo que sugiere la posible existencia de un entramado delincuencial de mayor alcance al interior de la policía en esta región.

En respuesta a la consulta sobre qué sucedió, quiénes protagonizaron los hechos y su significado, puede precisarse que la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de San Martín, con apoyo policial, detuvo a cuatro agentes en actividad de la Policía Nacional luego de recopilar evidencia que sugiere la conformación de una organización que operaba extorsionando a abogados, jueces y empresarios mediante amenazas graves y atentados en la región. Esta acción oficial apunta a desarticular una estructura delictiva desde dentro de la institución policial y evidencia la gravedad de la infiltración criminal en los cuerpos de seguridad.

Red de extorsión policial habría tenido como víctima a una jueza en San Martín

La investigación fiscal, citada por Exitosa, sostiene que los cuatro agentes desarrollaban una operativa basada en amenazas verbales y escritas, envío de mensajes intimidatorios, uso de símbolos mortuorios como coronas fúnebres y ataques armados contra propiedades. Estos métodos buscaban forzar a sus víctimas, principalmente profesionales vinculados al sistema de justicia, a abandonar procesos judiciales desfavorables para los integrantes de la organización.

Uno de los casos documentados fue el ataque perpetrado en Rioja contra Yolanda Quispe, empresaria de la zona, así como el acoso sistemático hacia Paulo Díaz y la jueza María del Pilar Tomanguillo. Contra ellos, los efectivos investigados orquestaron campañas de extorsión en las que los mensajes incluían advertencias sobre sus familiares y atentados contra su integridad.

Durante las intervenciones, personal policial especializado y representantes del Ministerio Público supervisaron el desarrollo de las diligencias, asegurando la recolección de elementos de prueba como armas de fuego, dinero en efectivo y una variedad de documentación digital y física que será central en la siguiente fase del proceso penal.

La magnitud de los hallazgos y el nivel de colusión reportado entre agentes en servicio activa, según lo reflejado por Exitosa, expone una preocupación creciente alrededor de la criminalidad organizada al interior de las instituciones de seguridad, con consecuencias legales y sociales de largo alcance para la región San Martín.