El Poder Judicial dictó este jueves 18 meses de impedimento de salida del país contra Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), como parte de una investigación por presunta colusión durante el desarrollo de las elecciones del último 12 de abril.
La medida fue impuesta por el juez Manuel Chuyo, titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, después de que Corvetto y otros investigados —sobre quienes también pesaba el requerimiento— aceptaron la restricción solicitada por el Ministerio Público.
“Considero que sí es necesario tengamos delimitado la ubicación de los investigados dentro del país para que así pueda de alguna forma minimizarse el peligro de fuga que pudiera tenerse”, señaló el magistrado al emitir su resolución.
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“Reitero, en esta sesión lo único que se está determinando es la necesidad de investigación, de esclarecer los presuntos hechos ilícitos, esclarecer las presuntas irregularidades advertidas con presuntos visos de comisión delictiva y a partir de ello poder ser que los investigados puedan ser ubicados cada vez que el Ministerio Público requiera su presencia”, agregó.

La disposición también alcanza a otros cinco implicados, entre ellos el gerente de Galaga, la empresa responsable del reparto del material electoral el día de los comicios.
“A partir de la emisión de la presente resolución, se cursarán los oficios a la Superintendencia Nacional de Migraciones para ejecutar la medida dictada por este órgano jurisdiccional”, concluyó Chuyo.
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Corvetto había señalado minutos antes que se allanaba al pedido como “una muestra evidente de compromiso para colaborar con la justicia”, aunque subrayó que eso “no implica en sentido alguno el reconocimiento de ningún delito o la convalidación de la hipótesis fiscal”.
“Yo soy el principal interesado en que se conozca la verdad, en que se sepa qué sucedió”, dijo y aseguró haber actuado “con respeto estricto a las normas, (...) y sobre todo con integridad en cada uno de mis actos, siempre con un elevado compromiso con el servicio público y con los valores de honestidad y transparencia que caracterizan a la ONPE”, entidad que dirigió durante más de cinco años y medio.
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“Estoy convencido que terminado este periodo temporal de 18 meses que solicita la Fiscalía, tendré la oportunidad de poder evidenciar mi inocencia y la inexistencia de responsabilidad penal de mi parte”, apuntó.
Sobre el hallazgo de un tercer pasaporte en su domicilio, el exfuncionario explicó que correspondía a un documento sin vigencia. “Durante los primeros meses de este año fui a Migraciones a renovar mi pasaporte. Trato de renovar mi pasaporte siempre seis meses antes de que se venza, porque existen algunas limitaciones para entrar a algunos países luego de ese tiempo”, detalló.
Precisó que el documento mencionado “ya no estaba vigente”, pues actualmente tiene uno con diez años de validez.
“Todos mis datos han sido claramente actualizados y confirmados por el sistema de Migraciones (...) Los códigos de lectura del código de barras que te permiten pasar por Migraciones, entre otros, son diferentes. Ese tercer pasaporte perdió cualquier posibilidad de uso. La vigencia la tiene el nuevo pasaporte, el que reitero, fue entregado en su oportunidad y voluntariamente al Ministerio Público”, zanjó.
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