
La decisión de extender el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 60 días se sustenta en un diagnóstico claro: la criminalidad no ha disminuido y continúa afectando la seguridad en estas zonas.
El decreto identifica una serie de delitos que explican la continuidad de esta medida. Entre ellos destacan el homicidio, el sicariato y la extorsión, considerados como formas graves de violencia que impactan directamente en la vida diaria de la población.
La Policía Nacional del Perú, a través de informes técnicos, advirtió que estos delitos siguen ocurriendo en ambas jurisdicciones, lo que motivó la recomendación de mantener el régimen excepcional.
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Los crímenes que mantienen en alerta a Lima y Callao
El documento señala que la situación en Lima y Callao sigue siendo preocupante debido a la frecuencia y gravedad de los delitos registrados.
El homicidio aparece como uno de los principales indicadores de violencia, mientras que el sicariato refleja la presencia de estructuras criminales más organizadas. A ello se suma la extorsión, que afecta tanto a ciudadanos como a actividades económicas.
Estos delitos no son hechos aislados, sino parte de un escenario más amplio de inseguridad que incluye otras situaciones de violencia.
La evaluación policial se basa en estadísticas, indicadores y análisis del comportamiento delictivo, lo que permite identificar patrones y zonas donde el crimen es más frecuente.
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Cómo responde el Estado frente a la delincuencia
Ante este panorama, el Estado optó por mantener el Estado de Emergencia como una herramienta para enfrentar la violencia. La medida permite reforzar la intervención de las fuerzas del orden y ampliar su capacidad de acción.
La Policía Nacional continúa liderando el control de la seguridad, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Este trabajo conjunto busca responder con mayor fuerza en zonas donde la delincuencia sigue activa.
El decreto establece que las intervenciones deben realizarse bajo reglas claras, que incluyen condiciones, límites y criterios para el uso de la fuerza, tanto para la Policía como para las Fuerzas Armadas.
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Una medida que continuará mientras persista la inseguridad
La prórroga del Estado de Emergencia refleja que la situación no ha sido superada y que el Gobierno considera necesario mantener medidas extraordinarias.
Además de los operativos en calles, la norma permite restringir temporalmente algunos derechos como parte de la estrategia para recuperar el control de la seguridad.
También se establecen condiciones para actividades públicas masivas, que deberán contar con autorización previa, en un contexto donde la prevención sigue siendo clave.

Qué pasará cuando termine el Estado de Emergencia
Al término de los 60 días, las autoridades deberán presentar un informe con los resultados obtenidos durante este periodo.
El documento incluirá las acciones realizadas y permitirá evaluar si la medida ayudó a mejorar la seguridad en Lima y Callao.
Este informe será remitido a distintas instituciones del Estado para su revisión y análisis.
Cómo se sostendrán las acciones contra la delincuencia
El decreto establece que las medidas se financiarán con el presupuesto de las entidades involucradas.
En caso sea necesario, el Ministerio de Economía podrá autorizar recursos adicionales, dependiendo de la disponibilidad.
Además, se mantendrán vigentes otras disposiciones adoptadas previamente, lo que permitirá dar continuidad a las acciones que ya se vienen aplicando para enfrentar la inseguridad.
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