El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Jorge Cotos Ochoa, se encuentra bajo evaluación de la Comisión de Fiscalización del Congreso y legisladores que solicitan su remoción, entre ellos Kelly Portalatino (Perú Libre).
La parlamentaria solicitó al presidente interino José Balcázar su cese inmediato, tras señalar la existencia de “irregularidades y corrupción”, entre ellas la presunta instalación de antenas en el Establecimiento Penitenciario de Ancón.
“Esto genera un deterioro a la seguridad ciudadana e incrementa también la extorsión, sicariato, homicidios. Entonces, desde ya habría una incapacidad, por lo tanto exijo su cese y, obviamente, la renuncia de ese mismo señor presidente del INPE”, dijo a Infobae Perú.
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Por su parte, la legisladora Silvana Robles (Bancada Socialista) consideró que Cotos Ochoa “debería renunciar por dignidad”, pues no cuenta con la experiencia necesaria para ese puesto. “Lo mínimo que podría hacer el ministro de Justicia es retirarlo o será interpelado. Espero que la Comisión de Fiscalización lo llame para que aclare lo que viene pasando en los penales”, dijo a este medio.
“Es increíble que se haya nombrado a un responsable de los penales del país a alguien que fue separado y luego suspendido de la institución que hoy dirige”, manifestó.
La legisladora lamentó que la gestión de Balcázar brinde confianza a funcionarios que “no dan la talla para el cargo”, ya que, según afirmó, “todo sigue igual en los penales y la delincuencia sigue extorsionando” desde allí.
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La Comisión de Fiscalización tiene previsto votar el próximo lunes, a las 11:00 horas, la invitación a Jiménez Borra con el propósito de que informe sobre presuntas irregularidades y denuncias difundidas en diversos reportajes periodísticos acerca de la situación actual de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional.
Asimismo, se solicita que “brinden explicaciones detalladas sobre la presunta presencia de antenas de telecomunicaciones” dentro del penal de Ancón, “así como las medidas adoptadas para el control, supervisión y seguridad en los centros penitenciarios del país”, según el documento al que accedió Infobae.
En marzo pasado, Canal N reveló que Cotos Ochoa fue sancionado en 2008 por autorizar el traslado irregular de reclusos condenados por delitos graves y afrontó una denuncia por violencia psicológica presentada por su esposa.
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La televisora informó que el funcionario suma más de tres décadas de experiencia en el ámbito penitenciario, aunque en 2008, cuando ejercía como director de la oficina regional de Lima del INPE, la entidad decidió separarlo provisionalmente tras determinar que permitió el traslado de internos sentenciados por robo agravado y secuestro con documentos judiciales falsificados.
El reportaje detalló que, en 2014, el Tribunal de Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) confirmó la responsabilidad administrativa de Cotos Ochoa en estos hechos. Inicialmente, la sanción consistió en una suspensión de 20 días sin goce de haber, aunque tras una apelación se redujo a una amonestación escrita.
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En 2019 y en enero de 2026, el INPE autorizó el uso de fondos institucionales para financiar la defensa legal del funcionario en procesos por abuso de autoridad, una decisión que implicó destinar recursos públicos a litigios directamente relacionados con su gestión.
Canal N también dio cuenta de una denuncia presentada en 2016 por la esposa de Cotos Ochoa por violencia psicológica en una comisaría del Callao, sin que se conozcan detalles sobre el desenlace del caso.
La designación del funcionario, quien ocupaba previamente la dirección del Establecimiento Transitorio de Procesados Lima Norte, se oficializó mediante la Resolución Suprema N.º 054-2026-JUS, publicada este lunes en el diario oficial El Peruano. Dicha resolución lleva la firma del mandatario interino José María Balcázar y cuenta con el refrendo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez.
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