La presión de las redes criminales sobre el transporte urbano suma un nuevo episodio con la salida de operación de una empresa que durante años cubrió rutas clave entre distritos populares de Lima. La situación, que en un inicio parecía limitada a amenazas aisladas, escaló hasta afectar la continuidad del servicio y la estabilidad laboral de decenas de familias vinculadas al rubro.
En el paradero conocido como La Sexta, en Collique, distrito de Comas, el vacío refleja un cambio abrupto. Donde antes se concentraban unidades y conductores, ahora solo quedan espacios desocupados y vigilancia policial. La desaparición de la empresa Consorcio Uvita expone el impacto directo de la extorsión en el transporte público y revela el alcance de organizaciones delictivas sobre rutas estratégicas.
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Los testimonios recogidos en la zona dan cuenta de un escenario marcado por el miedo, la incertidumbre y la fragmentación del servicio. Conductores, cobradores y familiares describen un entorno en el que trabajar implica asumir riesgos constantes frente a amenazas de muerte y cobros ilegales.
Extorsión sostenida y retiro de operaciones
De acuerdo con reportes emitidos por Exitosa, la empresa dejó de funcionar tras una serie de hechos violentos que incluyeron el asesinato de dos conductores y ataques directos contra inmuebles vinculados a la administración. Las unidades cubrían el trayecto entre Collique y San Miguel, atravesando avenidas principales y conectando distritos como San Martín de Porres.
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Un conductor explicó que la presión económica de las bandas resultó insostenible: “Desapareció la empresa por culpa de la extorsión”. Según su testimonio, distintos grupos exigían pagos simultáneos. “Todos quieren cobrar, pero ya la gente también... ¿dónde va a pagar tanto?”, indicó.
El sistema de cobros diarios se mantenía bajo amenaza constante. “Nosotros pagamos veinte mangos el líder de cupo”, detalló otro trabajador, quien precisó que el pago era obligatorio. Ante retrasos, las llamadas de advertencia eran inmediatas: “¿Qué fue con lo mío?, te dicen”.
Conductores sin empleo y migración forzada
La salida de operación dejó a más de cincuenta conductores sin trabajo, según la cobertura radial. Mientras algunos propietarios trasladaron sus unidades a otras empresas, los choferes quedaron fuera del sistema o en condiciones informales.
Uno de ellos expresó el dilema que enfrentan muchas familias: “Prefiero buscar otro trabajo, que morir”. El mismo trabajador explicó que tiene tres hijos en edad escolar y dependía de ingresos diarios: “Ese es el único trabajo que ganas diario”.
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Otros optaron por abandonar el país en busca de seguridad. Según los testimonios, miembros de la familia propietaria también salieron del Perú tras retirar sus pertenencias. Vecinos del lugar confirmaron que el local administrativo quedó desocupado y sin actividad.
Ante el riesgo, varias unidades modificaron su apariencia para evitar ser identificadas por las organizaciones criminales. Conductores señalaron que eliminaron colores y distintivos de la empresa.
“Han quitado todo, toda la franja la han quitado”, afirmó un trabajador. Algunas combis adoptaron nuevos colores o pasaron a operar bajo otras razones sociales. Este cambio responde a una estrategia de protección frente a amenazas dirigidas a empresas específicas.
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En paralelo, surgieron servicios informales. “Esta es por su cuenta, ya son piratas”, indicó un conductor al referirse a unidades que ahora operan sin respaldo empresarial. La fragmentación del servicio genera incertidumbre entre pasajeros y dificulta el control del transporte urbano.
Violencia y expansión del control criminal
Los testimonios coinciden en que el problema se intensificó con la aparición de múltiples bandas en disputa. “Primero dijeron la Firma… ahora los Mexicanos”, relató un chofer, en referencia a grupos que buscan imponer cobros en las rutas.
La violencia se convirtió en un mecanismo de presión. “Si no paga, ¿qué pasa? Te matan”, resumió uno de los conductores consultados. La percepción de riesgo se extiende a cada jornada laboral. “Desde el momento que salgo, estoy expuesto”, afirmó otro trabajador.
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El paradero en Collique permanece bajo vigilancia policial, aunque los transportistas exigen presencia constante para reducir riesgos. La ausencia de la empresa y la reorganización informal del servicio configuran un escenario inestable en una zona donde el transporte resulta esencial para la movilidad diaria.
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