Piero Corvetto guarda silencio a una semana del caos electoral del 12 de abril

A una semana de las elecciones del 12 de abril, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, mantiene silencio frente a la crisis generada por las fallas logísticas durante la jornada electoral. Pese a la presión pública y las investigaciones en curso, el funcionario ha evitado brindar declaraciones a la prensa en los últimos días.

Este domingo, Corvetto llegó a la sede de la ONPE, en el Cercado de Lima, sin responder preguntas de los medios. Su traslado se realizó desde su vivienda en Miraflores, cerca de las 7:58 de la mañana, bajo resguardo de seguridad y sin contacto con periodistas. La escena se ha repetido durante la semana, marcando una rutina de ingresos tempranos a la institución en medio del cuestionamiento por lo ocurrido en los comicios.

Su presencia constante en la sede del organismo electoral también coincide con el avance del conteo de votos, que aún continúa y se encuentra alrededor del 93%. Este proceso ha sido uno de los argumentos para postergar su declaración ante la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, la cual debía realizarse el 17 de abril, pero fue reprogramada.

Mientras tanto, el entorno de la ONPE permanece bajo resguardo, con rejas metálicas instaladas en los alrededores, en una señal del clima de tensión que se vive tras las incidencias registradas el día de la votación.

Como cambio de último minuto y ante rumores de que saldría del país o un intento de fuga, Corvetto anunció que entregará su pasaporte y autorizó el levantamiento a su secreto de las comunicaciones.

Retrasos en la entrega de material desordenaron la votación

La jornada electoral del 12 de abril estuvo marcada por problemas desde las primeras horas. En distintos locales de votación, especialmente en Lima, las mesas no pudieron instalarse a tiempo debido a la falta de cédulas, actas y equipos indispensables para iniciar el proceso.

La demora generó largas colas, incertidumbre entre los electores y malestar entre los miembros de mesa, quienes no contaban con los recursos necesarios para cumplir sus funciones. Más de 52 mil ciudadanos resultaron afectados al no poder votar dentro del horario previsto.

Aunque la ONPE activó un plan de contingencia para reducir el impacto, los retrasos ya se habían extendido a decenas de locales. Si bien el organismo sostuvo que se trató de un porcentaje menor a nivel nacional, la concentración de incidencias en Lima amplificó el impacto político del problema.

Crisis interna y cuestionamientos a la gestión electoral

Las consecuencias de lo ocurrido no tardaron en trasladarse al interior de la ONPE. La magnitud de las fallas en la distribución del material electoral desencadenó una crisis institucional y abrió cuestionamientos sobre la planificación del proceso.

Las críticas apuntan a la supervisión del contrato logístico y a la capacidad de respuesta ante una situación que terminó afectando el derecho al voto de miles de personas. En paralelo, la Contraloría continúa con la elaboración de un informe para determinar responsabilidades.

El organismo de control busca establecer si las fallas se originaron en la gestión de la ONPE, en la empresa encargada del transporte o en ambos. Para ello, mantiene la recopilación de testimonios y documentos con el objetivo de reconstruir lo ocurrido en una de las jornadas electorales más cuestionadas de los últimos años.