Pedro Francke defiende ley que impulsó Roberto Sánchez y que favorece a la minería informal: “No es procrimen”

El exministro de economía y miembro del equipo técnico de Juntos por el Perú, Pedro Francke, defendió la Ley 31989, que fue impulsada por el congresista y candidato presidencial Roberto Sánchez. La norma fue incluída por diferentes sectores en las denominadas “Leyes Procrimen”.

En entrevista con Latina Noticias, Francke fue consultado sobre esta norma, que ha sido objeto de críticas por haber derogado facultades relacionadas con la interdicción de artefactos y materiales explosivos. Sus detractores sostienen que dicha medida habría debilitado las herramientas del Estado para enfrentar actividades vinculadas a la minería ilegal e informal.

Rechaza que sea una “ley procrimen”

Durante la entrevista, el extitular del MEF descartó que la Ley 31989 pueda ser considerada dentro del grupo de normas calificadas como “leyes procrimen”. Según explicó, la iniciativa tuvo un contexto relacionado con la minería artesanal y no debe ser equiparada con otras disposiciones cuestionadas por presuntamente favorecer a organizaciones criminales.

“No creo. Eso tiene una explicación que tiene que ver con la minería artesanal”, afirmó Francke al ser consultado sobre la participación de Roberto Sánchez en la aprobación de la norma. Asimismo, sostuvo que existen otras leyes que, a su juicio, generan mayores dificultades para la lucha contra la criminalidad organizada.

“No está incluída”

La discusión también giró en torno a las iniciativas legislativas que buscan derogar diversas normas cuestionadas por organismos del sistema de justicia. En ese contexto, Pedro Francke fue consultado sobre si la Ley 31989, impulsada por Roberto Sánchez, forma parte del paquete de disposiciones que distintos sectores proponen dejar sin efecto.

El exministro rechazó esa interpretación y sostuvo que la norma no integra el grupo de normativas legislativas que facilitan el crimen organizado. “No, la verdad es que ese detalle me parece que es una distinta, no está incluida dentro de las llamadas leyes procrimen”, afirmó durante la entrevista, al diferenciarla de otras disposiciones que sí han sido objeto de cuestionamientos por su impacto en la lucha contra la criminalidad.

No obstante, se le indicó que la Ley 31989 aparece entre las propuestas de derogación actualmente en discusión. Frente a ello, Francke insistió en que la norma no figura dentro de las iniciativas observadas por el Ministerio Público. “No es las que incluyó la fiscalía. Entonces, tenemos el paquete, no sé qué decirte, hay varios paquetes”, respondió.

¿En qué consiste la Ley 31989?

La Ley N.° 31989 fue promulgada en marzo de 2024 y modificó el marco legal relacionado con la actividad minera en el país. La norma derogó una disposición incorporada previamente por el Decreto Legislativo 1607, la cual facultaba a la Policía Nacional del Perú a intervenir en determinados casos vinculados al uso o posesión de materiales explosivos por parte de personas dedicadas a actividades mineras que contaban con inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Antes de la entrada en vigor de esta ley, la disposición permitía a las autoridades adoptar medidas inmediatas frente a quienes desarrollaran actividades mineras utilizando explosivos sin cumplir los requisitos establecidos por la normativa vigente. Con la derogación de dicho artículo, se eliminó esa facultad específica, lo que generó un debate sobre los alcances de la norma y sus efectos en las acciones de control contra actividades extractivas fuera de la legalidad.

La Ley 31989 ha sido objeto de cuestionamientos por parte de especialistas, exautoridades y sectores vinculados a la lucha contra la minería ilegal, quienes sostienen que la modificación redujo herramientas de fiscalización e intervención estatal. Por otro lado, sus defensores argumentan que la norma estuvo orientada a atender aspectos relacionados con el proceso de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal, rechazando que su aprobación haya tenido como finalidad favorecer actividades ilícitas extractivas.