Fiscal Henry Amenábar, preso por corrupción, se acoge a la colaboración eficaz y denuncia coima ligada al equipo Lava Jato

El fiscal Henry Amenábar, detenido en diciembre del año pasado en el baño de un centro comercial mientras recibía un soborno y actualmente encarcelado en el penal Ancón II de Lima, se acogió a la colaboración eficaz y denunció este miércoles un presunto pedido de coima vinculado al desactivado equipo especial Lava Jato.

Amenábar, quien formó parte de ese grupo del Ministerio Público durante tres años, concedió una entrevista desde la cárcel al programa Contracorriente de Willax ya que, según declaró, posee “información que podría proporcionar” para “que se haga justicia”.

Afirmó que existió una solicitud de soborno por parte de un abogado identificado como José Luis Pinares, quien habría actuado en representación del fiscal Germán Juárez Atoche, exintegrante del equipo Lava Jato y actual coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos.

De acuerdo con su testimonio, Pinares solicitó “un millón de dólares” al empresario Gustavo Salazar, acusado de lavado de activos en el caso Lava Jato, para facilitar y asegurar que su colaboración eficaz fuera aprobada por la Fiscalía.

Amenábar precisó que la solicitud ocurrió “en junio de 2019”, antes de una diligencia programada en Miami. Siempre según su relato, Pinares se reunió con Salazar y su abogado en un restaurante de “la zona de Brickell”, en Miami, y ahí escribió el monto del soborno “en una servilleta”.

Posteriormente, Pinares se presentó en la diligencia de la firma de colaboración en el consulado peruano, aunque no era abogado de ninguna de las partes, con el propósito de demostrar presuntamente que actuaba en representación de Juárez Atoche.

“Esta información yo la recibí (...) cuando yo trabajaba en el Centro de Lima. Un fiscal, cuando algunas veces conversamos, me dijo que tenía una información que consideraba relevante y que me podía interesar, y me contó esta versión, lo que él sabía sobre el fiscal Juárez Atoche”, dijo.

Orden internacional de captura

Salazar, quien tiene orden internacional de detención y pedido de extradición, confirmó a la televisora la reunión previa a la diligencia en el consulado en la primera semana de junio de 2019 con Pinares en el restaurante, aunque aclaró que solo dará detalles si el Ministerio Público abre una investigación “por la presunta extorsión”.

Los registros migratorios del abogado revisados por Willax confirman su viaje a Miami entre el 5 y el 9 de junio de 2019. Consultado sobre este asunto, reconoció vía WhatsApp que viajó a Miami a “solicitud y conjuntamente por el doctor Antonio Padilla, quien es abogado del señor Gustavo Salazar, con la finalidad de brindar la asesoría legal respecto a determinadas investigaciones que se venían efectuando en el Perú”.

“Durante dichas oportunidades me hospedé en el Hotel East y las reuniones sostenidas con el referido señor se llevaron a cabo en el restaurante de dicho hotel. No obstante, me encuentro impedido de precisar el contenido específico de los asuntos tratados en estricto cumplimiento del deber de reserva y confidencialidad”, agregó.

Juárez Atoche, por su parte, negó haber incurrido en actos irregulares ligados a este caso y, según la televisora, rechazó que su descargo fuera expuesto.

Caso Lava Jato

El megacaso de corrupción Lava Jato en el Perú se encuentra en una etapa de madurez judicial caracterizada por la llegada de sus principales expedientes a la fase de juicio oral y la emisión de las primeras sentencias condenatorias definitivas. El Poder Judicial ya ha dictado penas de prisión efectivas contra figuras clave, incluyendo a los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala, así como a exgobernadores regionales como César Álvarez. Otros procesos de gran envergadura, como las acusaciones por lavado de activos contra Keiko Fujimori y Susana Villarán, ya superaron la etapa intermedia de control de acusación y afrontan sus respectivas audiencias de juzgamiento, consolidando la transición de la fase investigativa hacia la determinación final de responsabilidades penales.