El reciente extravío de ocho actas electorales en el distrito de Zárate ha puesto en relieve la vulnerabilidad del proceso electoral ante la pérdida de documentación clave, un incidente que reavivó el debate sobre la cadena de custodia y la confianza en los comicios en el Perú. Según información confirmada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la desaparición de estos documentos ocurrió tras la jornada electoral del 15 de abril en la Institución Educativa Antenor Orrego, ubicada en la avenida Gran Chimú en San Juan de Lurigancho.
Según la denuncia presentada ante la comisaría de Zárate, la coordinadora de la mesa electoral aseguró que entregó el material completo a la coordinadora del local, quien, acompañada por un representante del Jurado Electoral Especial y un agente policial, trasladó las actas a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) en San Juan de Lurigancho. Sin embargo, al llegar a destino, el coordinador de la ODPE constató la falta de ocho actas, hecho que fue inmediatamente reportado a las autoridades.
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El hecho, que ya se encuentra bajo investigación policial, no fue aislado: un día después, el 16 de abril, se reportó un evento similar en el distrito de San Borja, donde se denunció la pérdida de actas electorales en la Escuela Superior Técnico Sencico. Ambos casos han puesto en alerta a autoridades y especialistas, quienes advierten sobre los riesgos que la ausencia de actas representa para la transparencia y legitimidad del proceso electoral.
¿Cuál es el riesgo de la pérdida de actas electorales?
Las actas electorales constituyen el documento oficial donde se registran los resultados de cada mesa de votación. Su integridad resulta esencial para garantizar que la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas se refleje fielmente en los resultados finales. De acuerdo con la ONPE, estas actas deben permanecer bajo una estricta cadena de custodia desde el cierre de la mesa hasta su entrega en las oficinas descentralizadas, proceso que involucra a coordinadores de mesa, representantes del Jurado Electoral Especial y personal policial.
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Natale Amprimo, abogado constitucionalista, subrayó que la ley peruana establece una cadena de custodia precisamente para impedir manipulaciones o alteraciones de los resultados. “En el Perú se eliminan los votos no impugnados para evitar lo que se conocía como ‘anforazo’, que era el cambio de ánforas o la pérdida de votos para luego generar discusión sobre la legitimidad del voto”, explicó Amprimo para América Noticias. El especialista advirtió que la falta de rigor en la cadena de custodia puede abrir la puerta a disputas legales y cuestionamientos sobre la legitimidad de los resultados.
El extravío de actas, según advirtió el también constitucionalista, Aníbal Quiroga, implica una responsabilidad que va desde la máxima autoridad de la ONPE hasta el personal que manipula físicamente el material electoral. Quiroga exigió acciones inmediatas para evitar que episodios similares se repitan durante la segunda vuelta, y remarcó que “hay una responsabilidad desde la máxima autoridad en la ONPE hasta el funcionario que dejó abandonado ánforas en un taxi, ya que se trata de material electoral altamente valioso”. El experto remarcó la gravedad de la situación en un contexto de polarización política, donde cualquier irregularidad puede alimentar sospechas y erosionar la confianza pública en el sistema.
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¿Qué contempla la normativa electoral?
La normativa electoral peruana contempla sanciones y procedimientos para investigar la pérdida o manipulación de documentos electorales. Las investigaciones actuales buscan determinar en qué punto de la cadena de custodia se produjo la irregularidad y quiénes son los responsables directos del extravío. Fuentes policiales consultadas detallaron que la denuncia fue formalizada en la comisaría de Zárate apenas se detectó la ausencia de las actas, y que la ONPE ha iniciado una revisión de los protocolos de traslado y registro de material electoral.
La situación cobra especial relevancia dado el historial de controversias electorales en el país. De acuerdo con expertos, la cadena de custodia de las actas se reforzó tras episodios de los denominados “anforazos”, que en procesos anteriores generaron dudas sobre la autenticidad de los resultados.
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El impacto de la pérdida de actas electorales puede ser determinante en comicios ajustados, donde un pequeño número de votos puede definir el resultado. La ausencia de documentos oficiales puede anular la validez de mesas enteras y, en escenarios extremos, motivar la repetición de la votación en determinadas jurisdicciones. Además, la falta de actas pone en entredicho la capacidad del Estado para proteger la voluntad popular y abre la puerta a impugnaciones que pueden judicializar el proceso electoral.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso de las actas desaparecidas en Zárate y San Borja se ha convertido en un llamado de atención para las autoridades y la sociedad sobre la importancia de blindar todos los eslabones de la cadena electoral. La resolución de este incidente y las medidas que adopte la ONPE durante la segunda vuelta serán fundamentales para restaurar la confianza y garantizar que la decisión de los electores llegue intacta al conteo final.
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