
El presidente de la República, José María Balcázar, planteó la necesidad de iniciar “un proceso disciplinario para ver responsabilidades” tras los inconvenientes registrados en la apertura de mesas de votación en Lima y dos circunscripciones en Estados Unidos, debido a la falta de material electoral. El jefe de Estado remarcó que la responsabilidad directa recae sobre la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la empresa tercerizada encargada de la distribución.
El presidente Balcázar afirmó, en entrevista con RPP, que, si bien las elecciones se desarrollaron en un ambiente de tranquilidad en la mayoría del país, la situación en Lima constituye una “omisión muy cuestionada” por parte de las autoridades responsables. La ONPE no logró instalar varias mesas de sufragio, lo que afectó a más de 50.000 electores, según detalló Piero Corvetto, jefe del organismo electoral. El retraso fue atribuido a la empresa Servicios Generales Galaga, la cual no dispuso de la flota necesaria para abastecer los locales.
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acordó extender la jornada electoral hasta este lunes 13 de abril, permitiendo que los electores perjudicados ejerzan su derecho al voto entre las 7:00 y las 14:00 horas, con la votación habilitada hasta las 18:00 horas, según los respectivos husos horarios. La medida busca garantizar la integridad del proceso electoral y evitar la vulneración de derechos, según declaró Roberto Burneo, presidente del JNE.

Cómo se gestó la decisión de ampliar la jornada electoral
Ante la gravedad de la situación, la Defensoría del Pueblo solicitó al JNE que adopte una “decisión histórica”. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones respondió ampliando el horario y solicitando al Gobierno facilitar el acceso a centros educativos para la instalación de las mesas pendientes. Además, se requirió al Ministerio de Trabajo otorgar permisos a los trabajadores para acudir a votar.
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La Defensoría del Pueblo respaldó la medida, destacando que permite “dar continuidad al proceso de Elecciones Generales 2026” y evita la afectación de derechos de los ciudadanos y de los postulantes al Congreso. El pronunciamiento institucional remarcó que la decisión “fortalece la democracia y la gobernanza en el país”.
Responsabilidad de la ONPE y rol de la empresa tercerizada
El presidente Balcázar enfatizó que el Poder Ejecutivo no tuvo intervención en la distribución ni en la instalación de las mesas, ya que la ONPE, por mandato constitucional, es un organismo autónomo. “Anteriormente, las Fuerzas Armadas se encargaban del transporte y la seguridad de los votos, pero en esta ocasión el trabajo fue tercerizado por la ONPE”, explicó el mandatario.
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Consultado sobre la custodia del material electoral, Balcázar indicó que, aunque la Policía Nacional pudo haber brindado apoyo en el acompañamiento de los camiones, la responsabilidad principal recayó en la empresa contratada. “Lo que no se justifica es que no haya llegado el material; ese es un tema que debe investigarse”, señaló. El mandatario consideró “innecesario” el cambio en el esquema logístico respecto a procesos anteriores.

Investigaciones y garantías para la continuidad del proceso electoral
La ONPE y la empresa Servicios Generales Galaga enfrentan ahora procesos disciplinarios y posibles investigaciones fiscales tras lo ocurrido. El presidente Balcázar informó que la Junta Nacional de Justicia ya inició un procedimiento investigativo y que la Fiscalía de Anticorrupción revisará las posibles deficiencias o irregularidades.
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“Las responsabilidades civiles o penales serán materia del Ministerio Público”, sostuvo el mandatario, subrayando que el Ejecutivo garantizará la protección de los centros de votación a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Balcázar aseguró que el derecho constitucional al voto será plenamente restituido para los electores que no pudieron sufragar el domingo.
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