
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, señaló este martes que se opone a ratificar el Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, firmado en 2018 y vigente desde 2021 con 13 Estados participantes.
Durante una consulta ciudadana planteada en la segunda ronda del debate de cara a las elecciones del próximo 12 de abril, Fujimori respondió que no está “de acuerdo con la ratificación” de este acuerdo, cuyo objetivo principal es crear instrumentos de protección a los defensores ambientales, incluyendo a las comunidades indígenas.
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“Creemos que lo más importante es la presencia del Estado en nuestra Amazonía: conectividad, la construcción de colegios y, por supuesto, la recuperación del orden y de la seguridad. Hay zonas en nuestra Amazonía, como Purús, que están totalmente abandonadas, donde el precio de los alimentos cuesta cinco soles más porque ni siquiera los aviones de la Fuerza Aérea llegan”, sostuvo.
La hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1900-2000) agregó que, de llegar a la presidencia, trabajará “fuertemente para que el Estado sea eficiente, que trabaje con sentido de urgencia y, por supuesto, con un gran equipo de seguridad”.
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Posteriormente, se pronunció sobre la sanción de las rondas campesinas contra Fredy Condori, subprefecto de Macarí (Puno), quien recibió medidas tras reunirse con ella y participar en actividad política. “Esto no lo podemos tolerar. No podemos permitir de ninguna manera la violencia y menos por diferencias políticas”, afirmó.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso ratificó en julio de 2022 la decisión de archivar la resolución ministerial que pedía ratificar la suscripción del Acuerdo de Escazú, firmado en 2018 por la entonces ministra de Ambiente, Fabiola Muñoz, con lo cual Perú se abstuvo de integrarse al tratado multilateral.
Esa fue la segunda ocasión desde 2020 en que un grupo parlamentario rechazó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
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Entre los principales argumentos para no ratificar el acuerdo destacan las preocupaciones sobre una posible afectación al modelo de desarrollo sostenible del país y la percepción de que podría comprometer la soberanía estatal sobre los recursos naturales.
Posturas
A pesar de esta decisión, en septiembre del año pasado, el entonces presidente Pedro Castillo afirmó ante la Asamblea General de la ONU que Perú había suscrito el acuerdo como “un instrumento para afirmar” la soberanía del país “sobre los recursos naturales en la Amazonía”.
Para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), rechazar la ratificación de este acuerdo debilita la protección ambiental y deja en mayor riesgo a defensoras y defensores del territorio. “El Acuerdo de Escazú contribuye a la democracia ambiental, promueve el desarrollo sostenible y garantiza el derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un ambiente sano”, señaló.
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Amnistía Internacional afirmó en su momento que, a pesar de la existencia de instrumentos oficiales para atender situaciones de riesgo que enfrentan los defensores, la impunidad persiste frente a la violencia. “Un paso importante es el Acuerdo de Escazú, que no debe esperar más para ser ratificado por el Congreso”, manifestó la organización.
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