Presidente José Balcázar promulgará ley que otorga gratificaciones y CTS a trabajadores CAS, pese a advertencias del MEF

El presidente José Balcázar se comprometió a promulgar la autógrafa de ley que garantiza el pago de gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), a aproximadamente 350 mil trabajadores bajo el régimen CAS, tras sostener una reunión en Palacio de Gobierno con el congresista Guido Bellido y representantes de este colectivo.

Según informó la cuenta oficial de la Presidencia del Perú en la red social X, el mandatario confirmó además que se incorporarán disposiciones reglamentarias para asegurar la adecuada ejecución de la norma y su correspondiente financiamiento dentro del marco presupuestal del Estado.

De acuerdo con el medio RPP, la medida también ha generado observaciones debido a su potencial impacto fiscal. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtió que la implementación de estos beneficios podría implicar un costo anual superior a los S/ 2.800 millones, pese a que la norma establece que no requerirá recursos adicionales del Tesoro Público.

Nuevos beneficios para trabajadores CAS

La ley establece que los servidores comprendidos en el Decreto Legislativo 1057 accederán por primera vez a gratificaciones equivalentes a una remuneración mensual tanto en Fiestas Patrias como en Navidad. Asimismo, la CTS será calculada sobre el 100% del sueldo por cada año de servicios y se abonará al término de la relación contractual con la entidad estatal.

El Ejecutivo ha señalado que se emitirá un reglamento con disposiciones específicas para la implementación de estos beneficios y su sostenibilidad financiera. El objetivo, de acuerdo con la información oficial, es reducir brechas en el empleo público y mejorar las condiciones laborales de cerca de 350 mil trabajadores bajo el régimen CAS.

Advertencias fiscales

El MEF expresó reservas respecto al impacto presupuestal de la norma, que implicaría un gasto superior a los S/ 2.800 millones anuales, según lo informado a RPP. Aunque la ley establece que no se requerirán recursos adicionales del Tesoro Público, el MEF advirtió que la medida podría generar una presión significativa sobre las finanzas estatales.

En esa línea, el Consejo Fiscal y sectores del Ejecutivo han señalado que el alcance de la norma ha generado debate sobre la sostenibilidad fiscal, considerando los límites constitucionales en materia de creación o incremento de gasto público por parte del Congreso.

Reorganización del régimen CAS

De manera paralela a la incorporación de beneficios económicos, la norma contempla una reorganización del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), estableciendo modalidades de contrato indeterminado, temporal y de confianza, además de precisar condiciones y duración para cada tipo de vínculo laboral.

Según la Presidencia del Perú, estas modificaciones buscan equiparar progresivamente los derechos laborales de los trabajadores CAS con los de otros regímenes del sector público, en el marco de una reforma orientada a ordenar la estructura laboral del Estado.

Julio Velarde pide observar ley CAS

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, expresó su oposición a la reciente aprobación de la ley que otorga gratificación y CTS a los trabajadores bajo el régimen CAS. Según Velarde, el Ejecutivo debería observar y bloquear estas leyes debido al impacto significativo que tendrían en el Tesoro Público. Señaló que la aprobación de estas medidas no se sustenta en evaluaciones técnicas, sino en motivaciones de carácter popular, lo que debilitaría las finanzas públicas y dificultaría la gestión del próximo gobierno.

Velarde aclaró que no rechaza los cambios en sí mismos, pero cuestiona la falta de análisis técnico y el enfoque populista con el que se han impulsado. Advirtió que la implementación de estas leyes supondría un costo fiscal elevado, ya que las entidades estatales tendrían que destinar mayores recursos para cumplir con los nuevos beneficios. Considera que el país afronta un escenario complicado al inicio de un nuevo mandato presidencial, ya que estas decisiones restan margen de maniobra a las futuras autoridades.