Viaducto Javier Prado: un urbanista explica qué debe corregirse para reanudar la obra sin colapsar el tránsito

Lima volvió a chocarse con su principal talón de Aquiles: el tránsito. La marcha blanca del viaducto en la avenida Javier Prado Este —pensada para “descongestionar”— terminó apagando bocinas, enfureciendo vecinos y obligando a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) a frenar la obra y replantear la estrategia técnica del proyecto. La pregunta que ronda ahora en pasillos municipales, redes sociales y clubes de barrio es clara: ¿hubo diseño vial o solo voluntarismo político?

El caos no fue menor. Desvíos mal calibrados, semaforización rezagada y rutas alternas sin capacidad suficiente colapsaron avenidas clave en distritos como La Molina y Santiago de Surco, que terminaron solicitando formalmente la paralización inmediata de la obra mientras se revisa el plan de desvíos.

El problema no ocurre en el vacío. Lima es una de las ciudades con mayor congestión vehicular de América Latina, donde un conductor pierde en promedio 195 horas al año atrapado en el tráfico, según el TomTom Traffic Index 2025, superando a metrópolis como Ciudad de México, Bogotá o Arequipa. En ese escenario, cualquier intervención sobre un eje estratégico como la avenida Javier Prado —que articula más de ocho distritos y concentra una parte significativa de los viajes laborales y escolares— tiene un impacto inmediato en la movilidad metropolitana.

La pausa obligada y la revisión técnica

Tras la paralización temporal de la marcha blanca, la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció la conformación de una Comisión Técnica Evaluadora del Plan de Desvíos, encargada de revisar la transitabilidad de las rutas alternativas. Desde una mirada académica y urbanística, esta etapa abre una ventana clave: corregir el enfoque operativo del proyecto antes de que el costo social del error sea mayor.

Para Carlos Morales Dávila, docente del área de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Lima, el énfasis debe estar en soluciones concretas, lejos de la improvisación. “La prioridad es ordenar el tránsito, mitigar los impactos negativos y sentar las bases para un reinicio técnicamente viable de la obra”, señala.

Medidas inmediatas: ordenar antes de avanzar

Con la obra suspendida, el primer paso —según Morales— es restablecer el orden vial en la zona afectada. Esto implica devolver la capacidad plena a la avenida Javier Prado y optimizar la calibración de los ciclos semafóricos en las principales vías impactadas, entre ellas La Molina, Separadora Industrial, Las Palmeras, Los Frutales, Raúl Ferrero, Alameda del Corregidor y Club Golf Los Incas.

La semaforización, muchas veces relegada frente a las grandes obras de infraestructura, cumple un rol decisivo. Un sistema mal sincronizado puede multiplicar los tiempos de viaje incluso sin cierres viales. Por eso, Morales insiste en que la gestión del tránsito debe reforzarse con presencia activa de la Policía Nacional y personal municipal en nodos críticos, además de una comunicación clara y masiva sobre la suspensión de las obras y las rutas habilitadas. “La incertidumbre también congestiona”, resume.

Desvíos bajo la lupa

Antes de cualquier reinicio, el plan de desvíos debe ser revisado de manera integral por la Comisión Técnica. Desde el punto de vista técnico, eso supone evaluar la capacidad real de las vías alternas para absorber los flujos previstos y, si es necesario, incorporar rutas adicionales o mejoras viales.

“El enfoque debe pasar de cierres totales prolongados a cierres parciales o escalonados”, sostiene Morales, acompañados de una optimización de la semaforización —incluida la instalación de dispositivos temporales— y de una dotación suficiente de personal para la gestión del tránsito y la seguridad peatonal.

Un punto clave es la planificación previa. El especialista plantea la necesidad de incorporar simulaciones de tráfico y, de ser posible, pruebas piloto controladas antes de cualquier nueva implementación. Todo ello debe ir acompañado de una señalización clara, consistente y visible en toda el área de influencia del proyecto.

Sin coordinación, no hay solución

Otro de los flancos críticos es la coordinación interinstitucional. Morales subraya que el proceso exige una acción articulada entre la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), los municipios distritales involucrados —principalmente La Molina y Surco— y la Policía Nacional del Perú.

“Solo con una coordinación efectiva se puede garantizar que el sistema de desvíos funcione de manera ordenada y segura”, advierte. En esa línea, propone establecer mesas técnicas permanentes, con trabajo transparente y orientado a soluciones compartidas, así como espacios de atención ciudadana que canalicen reclamos y demandas durante toda la ejecución del proyecto.

Criterios técnicos y sentido común urbano

Finalmente, el urbanista de la Universidad de Lima es claro: una obra vial de esta magnitud solo debería reactivarse cuando cumpla criterios técnicos estrictos y verificables. Señalización completamente instalada, simulaciones de tráfico validadas, evaluación comprobada de la capacidad de las rutas alternas y personal operativo debidamente capacitado y coordinado.

“Más allá de los indicadores técnicos, también debe aplicarse el sentido común urbano para asegurar que el sistema realmente esté en condiciones de operar sin generar nuevas externalidades negativas”, subraya.

Respecto a los plazos, Morales estima que una revisión técnica exhaustiva debería tomar entre uno y dos meses, dependiendo de la capacidad del equipo designado y de la eficiencia de las coordinaciones interinstitucionales. El mensaje final es directo: mejor planificar bien que repetir el colapso.

En una ciudad donde el tráfico ya erosiona productividad y calidad de vida, el viaducto Javier Prado enfrenta una prueba decisiva: demostrar que esta vez manda la técnica y no la improvisación.