Salario por decreto, una falsa promesa

El plan de gobierno de Juntos por el Perú, liderado por Roberto Sánchez, plantea aumentar salarios y pensiones, además de modificar los mecanismos de ajuste de la remuneración mínima. El problema es que los salarios no funcionan así. No se determinan por voluntad política ni por decreto. Se sostienen en la inversión y la productividad del trabajo.

El planteamiento no es menor, porque parte de una idea equivocada: creer que el Estado puede mejorar ingresos simplemente ordenándolo mediante normas. La experiencia demuestra que no. Los salarios no suben porque un gobierno lo disponga, sino porque las empresas generan mayor valor, invierten más y demandan trabajo más productivo.

Además, este tipo de propuestas desconoce la verdadera estructura del mercado laboral peruano. En el Perú no existe un solo mercado de trabajo. Existen dos realidades completamente distintas: un sector formal y otro informal. En el primero se cumplen reglas laborales, existen beneficios, contratos y remuneraciones acordes con la productividad. En el segundo, que supera el 70.2% del empleo total, las leyes simplemente no se cumplen.

Esa diferencia se refleja claramente en los ingresos. El salario promedio mensual en el sector formal alcanza los S/ 3,233, mientras que en el informal apenas llega a S/ 1,226. En el sector agropecuario, uno de los más representativos del país, el ingreso promedio formal es de S/ 2,319, pero en el informal apenas alcanza los S/ 770. La informalidad en dicho sector supera el 93.7%.

Por ello, pretender elevar salarios por decreto no resolvería el problema de fondo. El trabajador informal no verá automáticamente incrementado su ingreso porque una norma así lo establezca. Lo más probable es que nada cambie para él. Peor aún, aumentos desproporcionados podrían terminar afectando a quienes sí están en la formalidad, especialmente a pequeñas y medianas empresas que no necesariamente tienen capacidad para absorber mayores costos laborales.

El resultado podría ser exactamente el contrario al prometido: más informalidad, menor contratación y pérdida de empleo formal.

No es casualidad que los países con mejores salarios sean también aquellos con mayores niveles de inversión, productividad y formalidad. Los ingresos laborales más altos no se explican porque los empresarios sean más solidarios o porque los gobiernos decreten aumentos permanentes. Se explican porque existe capital, tecnología, capacitación y un entorno que favorece el crecimiento económico.

En el Perú ocurre justamente lo contrario de lo que debería preocuparnos. Mientras algunos ofrecen aumentos salariales sin sustento técnico, el verdadero desafío sigue siendo cómo atraer más inversión, reducir la informalidad y elevar la productividad del trabajo. Sin resolver eso, cualquier promesa de mayores ingresos termina siendo políticamente atractiva, pero económicamente vacía.

Respecto de la remuneración mínima, el país ya cuenta con orientaciones técnicas para discutir ajustes. El Consejo Nacional del Trabajo desarrolló criterios vinculados a inflación y productividad para evaluar incrementos. El problema es que, muchas veces, estos parámetros son dejados de lado en favor de presiones políticas o cálculos arbitrarios.

La discusión de fondo no debería ser cuánto aumentar salarios por decreto, sino cómo crear condiciones para que los salarios aumenten de manera sostenible. Eso implica crecimiento económico, inversión privada, infraestructura, educación y formalización.

Ofrecer aumentos salariales sin sustento técnico es, simplemente, vender una ilusión. Una falsa promesa que puede sonar bien de la boca para afuera, pero que termina agravando los mismos problemas que dice querer resolver.