
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió un pronunciamiento formal que ordena al Consejo Regional del Callao retomar y concluir el procedimiento de suspensión contra la vicegobernadora Edita Vargas Cerón. Esta medida llega en un momento de alta tensión institucional, marcado por el eventual regreso de Ciro Castillo Rojo a la gobernación regional, tras anularse la prisión preventiva en su contra y presentarse en la sede del Gobierno Regional del Callao.
A través del Auto N.º 4, el JNE instruyó al consejero delegado, al secretario y a cada uno de los integrantes del Consejo Regional a cumplir de manera inmediata con las actuaciones necesarias para resolver la situación jurídica de la vicegobernadora Vargas Cerón. El procedimiento, iniciado tras la solicitud presentada por Benjamín Peralta Ojeda y sustentado en el numeral 1 del artículo 31 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, había quedado paralizado tras una serie de resoluciones judiciales y administrativas.
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El máximo órgano electoral recordó que la suspensión no puede quedar indefinidamente inconclusa y estableció un plazo perentorio: los consejeros deben ser notificados en un máximo de tres días hábiles y remitir los cargos de notificación al JNE. El Consejo Regional debe convocar a sesión, debatir el caso y emitir un nuevo acuerdo debidamente motivado, respetando el debido proceso y sin utilizar pruebas consideradas ilícitas, como el protocolo de pericia psicológica previamente cuestionado por el Poder Judicial.
El JNE advirtió que, de no cumplirse estos mandatos, se remitirán copias de los actuados al presidente de la Junta de Fiscales Superiores del distrito fiscal correspondiente, para que el fiscal provincial de turno evalúe la conducta de los responsables y determine posibles responsabilidades penales.

Mientras el Consejo Regional debe resolver el futuro de Vargas, el escenario político en el Callao se ha visto sacudido por la reaparición pública de Ciro Castillo Rojo. Tras permanecer un mes fuera de la vida pública debido a una orden de prisión preventiva por el caso ‘Los socios del Callao’.
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“Vamos a hacer las cosas a la chalaca, cumpliendo la ley”, mencionó. Según su defensa, encabezada por el abogado Humberto Abanto, no existe impedimento legal para que retome sus funciones, ya que la suplencia a cargo de la vicegobernadora culmina automáticamente con la presencia del titular.
“Lo que había era una suplencia a cargo de la vicegobernadora, que es de su organización política y terminada la situación que impedía es obligatorio el cese de la suplencia y la asunción por el titular del cargo”, explicó Abanto a RPP.
No obstante, Edita Vargas sostuvo que el retorno de Castillo Rojo no es automático y que corresponde al Consejo Regional definir su situación, en atención a las investigaciones judiciales que aún enfrenta el gobernador. Vargas solicitó garantías a la Policía Nacional para su integridad, afirmando que existen riesgos por la tensión generada en el entorno regional.

Decisión política pendiente y advertencias legales
Con ello, el Consejo Regional del Callao se encuentra ante una definición política clave. Debe pronunciarse tanto sobre la solicitud de suspensión de la vicegobernadora como sobre la situación del gobernador titular. Según la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la decisión sobre la suspensión, vacancia o restitución en el cargo debe ser adoptada por mayoría, respetando el derecho de defensa y en estricto apego al marco legal.
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