La permanencia de José Jerí continúa en debate. El congresista Segundo Montalvo, de Perú Libre, remitió oficios de carácter urgente a los voceros de las trece bancadas parlamentarias que conforman la Junta de Portavoces, solicitando la convocatoria inmediata a una sesión extraordinaria del pleno del Congreso para debatir la situación del mandatario.
En los documentos enviados, Montalvo argumenta la necesidad de abordar, sin demora, la crisis política y social que atraviesa el país. La solicitud incluye la inclusión prioritaria en la agenda del debate de la moción de vacancia, presentada el 26 de enero de 2026. Este recurso propone declarar la permanente incapacidad moral de Jerí Oré conforme al numeral dos del artículo 113 de la Constitución Política del Perú y al artículo 89-A del Reglamento del Congreso.
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“Resulta urgente la realización de una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso, para abordar y debatir la crisis política y social que afronta nuestro país, en resguardo de los intereses del Estado y de la población en su conjunto”, señaló Montalvo en los oficios.
Los documentos fueron enviados de forma individual a Jorge Montoya (Honor y Democracia), Edwin Martínez (Acción Popular), César Revilla (Fuerza Popular), Norma Yarrow (Renovación Popular), Eduardo Salhuana (Alianza Para el Progreso), José Williams (Avanza País), Pasión Dávila (Bancada Socialista), Edgardo Reymundo (Bloque Democrático Popular), Héctor Valer (Somos Perú), José Luna (Podemos Perú), Guido Bellido (Perú Bicentenario), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo) y Flavio Cruz (Perú Libre).
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Argumentos de la moción de vacancia
La moción de vacancia contra Jerí se fundamenta en una serie de cuestionamientos que generaron controversia en el ámbito político y social. Entre los argumentos principales figura la aprobación, por parte del Ejecutivo, del Decreto de Urgencia 010-2025, emitido el 31 de diciembre de 2025. Esta norma dispuso la reorganización patrimonial de Petroperú S.A. e incluyó la transferencia de activos a bloques patrimoniales y la delegación a PROINVERSIÓN para gestionar el proceso. El decreto autorizó transferencias financieras de hasta S/ 240.000.000 al Ministerio de Energía y Minas y S/ 144.000.000 a PROINVERSIÓN.
Para los legisladores firmantes, estas acciones representan una “gestión indebida de recursos financieros sin sustento técnico ni jurídico” y advierten sobre el riesgo de una privatización encubierta de una empresa estatal estratégica, sin el debido análisis socioeconómico. De acuerdo con la moción, esta decisión podría poner en peligro inversiones superiores a USD 6.500.000.000 en la Nueva Refinería de Talara, además de afectar el empleo de entre 1.800 y 2.300 trabajadores.
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Otro motivo central es la revelación de una reunión no registrada entre José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang. Esta cita, ocurrida el 26 de diciembre de 2025 en el restaurante-chifa Xin Yan de San Borja, fue difundida por el programa Punto Final. Según el reportaje, el jefe de Estado acudió al lugar en un vehículo oficial, vestido con capucha y portando un morral, a una “actividad que no figura en los registros de transparencia de Palacio de Gobierno”.
El mismo edificio alberga oficinas vinculadas a Yang y a empresas que han contratado servicios de allegados al entorno político presidencial. Desde Palacio de Gobierno, se intentó justificar el encuentro como parte de las festividades de la amistad Perú-China, aunque la ausencia de diplomáticos chinos y la presencia exclusiva de Yang aumentaron las sospechas.
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La moción también señala la falta de políticas efectivas para enfrentar la inseguridad ciudadana, especialmente en el sector transporte. Según cifras oficiales, en 2025 se reportaron 2.213 asesinatos relacionados con el transporte, 40.000 denuncias por robo y más de 30.000 por extorsión. Los firmantes acusan al Ejecutivo de “total descuido y falta de voluntad política” por no reglamentar la Ley N.º 32490, orientada a combatir la extorsión y el sicariato en el sector.
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