El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha enviado un proyecto de resolución suprema para designar a un nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), según un documento al que accedió Infobae Perú.
El oficio señala que la remisión se realiza por encargo del titular de la cartera, Luis Jiménez Borra, y está dirigido a Magaly Villafuerte, secretaria de Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
“Remito el Proyecto de Resolución Suprema del asunto, debidamente refrendado, para que se continúe con el trámite correspondiente”, indica el documento, fechado el lunes 11 de mayo.
Este medio conoció que el documento solo requiere la firma del presidente interino José María Balcázar para ejecutar el cambio, lo que implicaría la salida de Jorge Cotos Ochoa, cuya gestión ha sido objeto de escrutinio por parte de la Comisión de Fiscalización del Congreso.
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Infobae también supo que en la sede de la institución penitenciaria aún no tienen información oficial sobre el documento, aunque fuentes señalan que Balcázar podría firmarlo este jueves.
La legisladora Kelly Portalatino (Perú Libre) solicitó anteriormente al mandatario el cese inmediato de Cotos Ochoa, tras denunciar la existencia de “irregularidades y corrupción”, entre ellas la presunta instalación de antenas en el Establecimiento Penitenciario de Ancón.
“Esto genera un deterioro a la seguridad ciudadana e incrementa también la extorsión, sicariato, homicidios. Entonces, desde ya habría una incapacidad, por lo tanto exijo su cese y, obviamente, la renuncia de ese mismo señor presidente del INPE”, afirmó.
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Por su parte, la legisladora Silvana Robles (Bancada Socialista) opinó que el funcionario “debería renunciar por dignidad”, pues no cuenta con la experiencia necesaria para ese puesto. “Lo mínimo que podría hacer el ministro de Justicia es retirarlo o será interpelado. Espero que la Comisión de Fiscalización lo llame para que aclare lo que viene pasando en los penales”, comentó.
“Es increíble que se haya nombrado a un responsable de los penales del país a alguien que fue separado y luego suspendido de la institución que hoy dirige”, manifestó.
La legisladora lamentó que la gestión de Balcázar brinde confianza a funcionarios que “no dan la talla para el cargo”, ya que, según afirmó, “todo sigue igual en los penales y la delincuencia sigue extorsionando” desde allí.
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Perfil
En marzo pasado, Canal N reveló que Cotos Ochoa fue sancionado en 2008 por autorizar el traslado irregular de reclusos condenados por delitos graves y afrontó una denuncia por violencia psicológica presentada por su esposa.
La televisora informó que el funcionario suma más de tres décadas de experiencia en el ámbito penitenciario, aunque en 2008, cuando ejercía como director de la oficina regional de Lima del INPE, la entidad decidió separarlo provisionalmente tras determinar que permitió el traslado de internos sentenciados por robo agravado y secuestro con documentos judiciales falsificados.
El reportaje detalló que, en 2014, el Tribunal de Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) confirmó la responsabilidad administrativa de Cotos Ochoa en estos hechos. Inicialmente, la sanción consistió en una suspensión de 20 días sin goce de haber, aunque tras una apelación se redujo a una amonestación escrita.
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La televisora también dio cuenta de una denuncia presentada en 2016 por la esposa de Cotos Ochoa por violencia psicológica en una comisaría del Callao, sin que se conozcan detalles sobre el desenlace del caso.
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