
La Fiscalía Superior Transitoria de Extinción de Dominio de Lima logró la recuperación de dos barras de oro valorizadas en S/ 2′506.474,40, luego de que el Poder Judicial confirmara la sentencia de primera instancia.
Los lingotes, de aproximadamente 6.16 y 6.17 kilogramos cada uno, iban a ser enviados a la India a través de una intermediaria comercial contratada por Julio Chambi y Gomercindo Condori en agosto de 2022.
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Ambos mineros estaban inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (Recpo). Sin embargo, no pudieron demostrar el origen legal del oro ni la posesión legítima de los lingotes, lo que llevó a la intervención de la Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio.
La investigación determinó que existía un vínculo entre los investigados, las barras y actividades de minería ilegal, por lo que el oro fue incautado y transferido a favor del Estado peruano.
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El caso fue liderado por el fiscal adjunto superior Roger Solano Yauri, quien destacó la importancia del proceso para combatir el ingreso de recursos de origen ilícito al sistema económico formal.
El Ministerio Público ha reiterado su compromiso de continuar las investigaciones y operativos para recuperar bienes provenientes de la minería ilegal en todo el país.
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Minería ilegal
La minería ilegal se ha consolidado en los últimos años como una de las principales economías ilícitas en el Perú. Según datos del Instituto Peruano de Economía, las exportaciones de oro de origen ilegal superaron los US$ 11,500 millones en 2025, casi igualando el valor del oro legal exportado.
El precio del oro, que promedió US$ 4.695 por onza en abril de 2026, ha incentivado el auge de esta actividad. Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) vinculados a la minería ilegal se multiplicaron por diez desde 2019, reflejando el crecimiento de los flujos financieros asociados a delitos como el lavado de activos y el narcotráfico.
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Regiones como Piura presentan retos adicionales por su ubicación fronteriza, facilitando la salida y entrada irregular de minerales y maquinaria. En esa región, los ROS vinculados a minería ilegal crecieron dieciséis veces entre 2019 y 2025.
Las denuncias por minería ilegal en Piura aumentaron 82.4% en el mismo periodo, con una concentración especial en las provincias de Sullana y Ayabaca. Además, la tasa de homicidios en la región pasó de ser la más baja a superar el promedio nacional, como resultado del avance de las economías ilícitas.
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Un fenómeno recurrente y multimillonario
En diciembre del 2025, la Tercera Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio decomisó 5,77 kilos de oro doré, valorizados en S/ 2 003 713.92.
Mientras que, en octubre del mismo año, la Fiscalía recuperó cuatro lingotes de oro, valorizados en más de S/ 12 millones, que iban a ser exportados a India e Italia.
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Frente a este panorama, especialistas advierten sobre la necesidad de fortalecer la trazabilidad del oro, la fiscalización y la cooperación transfronteriza, así como revisar el funcionamiento del Reinfo y los mecanismos de formalización minera.
El caso de la recuperación de las barras incautadas por la Fiscalía evidencia los desafíos que enfrenta el Estado para frenar la expansión de la minería ilegal y recuperar recursos para el país. El Ministerio Público sostiene que la lucha será sostenida y que la recuperación de bienes ilícitos seguirá siendo una prioridad en los próximos meses.
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