Estas son las consecuencias por no pagar el peaje y usar la vía

En las principales carreteras concesionadas del país, como la Panamericana Norte y Sur, la Vía de Evitamiento o la Línea Amarilla, el incumplimiento del pago de peajes se ha convertido en una conducta recurrente entre ciertos conductores. Esta práctica, lejos de ser un simple atajo, tiene implicancias directas en el orden del tránsito, el estado de la infraestructura y el financiamiento de las vías.

Frente a este escenario, el Estado peruano ha ido endureciendo su marco normativo con el objetivo de frenar la evasión y reforzar el respeto a las reglas de circulación. Las modificaciones más recientes al Reglamento Nacional de Tránsito introducen infracciones específicas que buscan sancionar tanto eludir el pago como dañar las instalaciones destinadas al cobro.

Nuevas infracciones y sanciones más severas

Desde el 28 de enero de 2025, la normativa de tránsito incorporó faltas orientadas exclusivamente a penalizar la evasión de peajes y los actos que afecten la infraestructura vial concesionada. Estas disposiciones fueron establecidas mediante el Decreto Supremo N.º 018-2024-MTC y son supervisadas por la Sutran, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Una de las faltas más relevantes es la infracción M45, considerada muy grave, que sanciona a quienes circulan por rutas no autorizadas fuera del Sistema Nacional de Carreteras con el fin de evitar el pago. La penalidad incluye una multa equivalente al 12% de una Unidad Impositiva Tributaria, que al 2026 asciende a S/ 660, además del internamiento preventivo del vehículo y la retención de la licencia de conducir. En la misma línea, la infracción M46 castiga los daños materiales ocasionados a las casetas o estructuras del peaje, con consecuencias similares para el conductor responsable.

Impacto en la infraestructura y la inversión vial

Las autoridades sostienen que el endurecimiento de estas sanciones responde, en primer lugar, a la necesidad de proteger las vías concesionadas. Los recursos obtenidos mediante los peajes están destinados al mantenimiento, operación y mejora de las carreteras, por lo que su evasión afecta directamente la calidad del servicio y la seguridad de quienes transitan por ellas.

Desde Ositrán se ha advertido, además, que esta práctica compromete la sostenibilidad financiera de las concesiones. La pérdida de ingresos puede desalentar la participación de inversión privada en nuevos proyectos de infraestructura y, en algunos casos, obligar al Estado a utilizar fondos públicos para cubrir los déficits generados, trasladando el costo a toda la ciudadanía.

Así se registra una evasión de peaje en Lima

El cruce de un peaje sin pagar no pasa desapercibido ni depende de la intervención directa de un trabajador. En Lima, el control se realiza a través de sistemas automatizados que permiten registrar cada evento de manera objetiva y verificable, incluso cuando la barrera no desciende.

Las estaciones cuentan con cámaras de reconocimiento automático de placas que captan la matrícula del vehículo, junto con la fecha, la hora, el carril y el sentido de circulación. Esta información se contrasta con el sistema de pagos y, si no existe un registro válido, el cruce queda identificado como evasión. El resultado es un respaldo digital que incluye imágenes y, en muchos casos, un breve video, el cual puede ser utilizado posteriormente en un procedimiento administrativo o para exigir el pago correspondiente.

Consecuencias que aparecen con el tiempo

El sistema no genera una papeleta inmediata ni bloquea al vehículo en el momento del cruce. Sin embargo, la información queda almacenada y puede ser cruzada más adelante con bases de datos oficiales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Sutran o las municipalidades, según la jurisdicción de la vía.

Las consecuencias suelen manifestarse en etapas posteriores, por ejemplo, durante un operativo de control, al intentar realizar un trámite vehicular o cuando se acumulan varias evasiones registradas. En esos casos, el conductor puede enfrentar sanciones administrativas que confirman que eludir el pago del peaje no es una falta menor, sino una infracción con efectos legales y económicos concretos.