La justicia peruana dio un paso histórico en la Amazonía. El Poder Judicial emitió por primera vez una sentencia condenatoria en lengua awajún por un caso de violencia sexual contra una menor de 14 años, en el juzgado de Santa María de Nieva, provincia de Condorcanqui, región Amazonas. La decisión no solo castigó al agresor con 32 años de prisión, sino que también reconoció el derecho de las víctimas indígenas a comprender plenamente el proceso judicial en su propia lengua.
La resolución fue dictada por el Juzgado Penal Colegiado Subespecializado en Delitos de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar. Durante el juicio oral y la lectura del fallo, el colegiado contó con traductores oficiales al idioma awajún, debido a que tanto la víctima como el acusado se comunican en esa lengua materna.
Además, la sentencia escrita fue notificada en español y awajún, garantizando el derecho a la información y al debido proceso en condiciones de igualdad.
El proceso concluyó con una condena de 32 años de pena privativa de libertad para el imputado, hallado responsable del delito de violación sexual de menor de edad.
El rol del Sistema Nacional Especializado
Este caso forma parte de la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ), inaugurado recientemente en la región.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, recordó que durante su primer año de gestión sostuvo reuniones con los apus —autoridades comunales— para definir las competencias entre la justicia comunal y la justicia ordinaria en casos de violencia sexual.
“Ha quedado claro que los delitos de violencia sexual deben ser conocidos por los jueces y juezas del Poder Judicial”, subrayó Tello.
Como resultado de este diálogo, se elaboró un protocolo de actuación para estos casos, respetando la interculturalidad, pero garantizando la protección de niñas, niños y adolescentes.
Capacitación y módulos especializados
Tello Gilardi explicó que, debido a los antecedentes de violencia sexual en la zona, se han instalado módulos especializados del SNEJ en Condorcanqui y se ha capacitado a magistrados para atender estos casos con enfoque intercultural y de género.
Asimismo, exhortó a desterrar prácticas que han normalizado la impunidad, como los acuerdos económicos entre agresor y víctima.
“No se puede permitir que la violación de niñas se resuelva con un lote de terreno, una cabeza de ganado o una suma irrisoria de dinero”, enfatizó.
Una realidad que sigue siendo alarmante
Pese al avance judicial, la violencia sexual contra menores sigue siendo una crisis estructural en Condorcanqui. El Consejo de Mujeres Awajún Wampis (Comuawuy) denunció más de 525 casos registrados en la UGEL de la provincia.
Su presidenta, Rosemary Pioc, advirtió que los casos continúan en aumento y que varios docentes denunciados permanecen en funciones.
“Las mujeres enfrentan enormes obstáculos para acceder a la justicia: desconocimiento de los procedimientos, barreras idiomáticas y desconfianza en las instituciones”, sostuvo.
Falta de enfoque intercultural
El consejo señaló que la ausencia de un enfoque intercultural bilingüe genera desconfianza, demora excesiva de procesos y una percepción constante de abandono estatal.
Esta situación, añadieron, se agrava con el aumento del VIH en niñas y adolescentes de Amazonas, asociado a la violencia sexual y a la falta de educación sexual integral.
A ello se suman los estigmas sociales, la desconfianza hacia el sistema de salud, la falta de servicios culturalmente pertinentes y el menosprecio de la medicina ancestral.
“Conocemos familias que han fallecido por esta enfermedad. El Gobierno lo ignora. Nosotras seguimos viajando para investigar estos casos”, declaró Pioc a La República.
Otras amenazas: minería ilegal y contaminación
Las comunidades también enfrentan el impacto de la minería ilegal y los derrames de petróleo, que contaminan ríos, quebradas y pozos de agua, agravando las condiciones de vida en los territorios indígenas.
Estas problemáticas se entrelazan con la violencia estructural que afecta principalmente a niñas y adolescentes.
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