Las cifras de violencia sexual contra menores de edad continúan en altos niveles, pero a esto se suma la ausencia del Gobierno para atender a las y los denunciantes. Una auditoría de la Contraloría General de la República reveló que varios Centros de Emergencia Mujer (CEM) en las regiones de Amazonas y San Martín no realizaron las acciones necesarias para brindar atención integral a las víctimas, incumpliendo gravemente con su deber de protección y asistencia. Los casos involucran a niñas, niños y adolescentes entre 5 y 16 años.
Según el Informe de Auditoría N° 011-2025-2-3901-AC, durante el período del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024, se identificaron 35 casos que no recibieron la atención correspondiente. Los CEM implicados son Chachapoyas y Condorcanqui (Amazonas), y Bellavista, Comisaría Juanjui, Lamas, Moyobamba y Tarapoto (San Martín).
El CEM Condorcanqui concentra la mayoría de los casos (25), seguido por Bellavista (4) y el resto con uno o dos casos cada uno. Entre las principales omisiones encontradas están la ausencia de Planes de Atención Integral en 18 casos, falta de planes de seguridad en 16, y carencia de evaluaciones sobre redes familiares o sociales en cinco. Estos elementos son claves para garantizar la protección, recuperación y acceso a justicia de las víctimas.
Cabe precisar que los centros son servicios públicos gratuitos y especializados cuyo propósito es brindar atención interdisciplinaria —psicología, trabajo social y asesoría legal— a víctimas de violencia familiar y sexual. Sin embargo, la auditoría evidencia un preocupante incumplimiento, especialmente en casos como el de menores agredidos sexualmente.
La falta de atención oportuna a estas víctimas no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que expone deficiencias estructurales en un sistema que debería estar diseñado para ampararlas. La Contraloría ha advertido sobre la urgencia de corregir estas falencias.
Personal no acompañó a víctimas ni hicieron seguimiento
Además, la Contraloría evidenció otras fallas graves en la atención de las menores afectadas. En 19 casos no se realizaron derivaciones necesarias para acceder a terapia psicológica o al Kit de Emergencia, y en tres casos no se informó a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), a pesar de que los presuntos agresores eran personal de instituciones educativas.
En otros seis casos, los CEM no derivaron a las víctimas a juzgados, DEMUNA o Unidades de Protección Especial (UPE), omitiendo activar rutas de protección por presunta desprotección familiar. También se reportó un caso en el que ni siquiera se promovió la denuncia ante las autoridades, y nueve casos donde no se solicitaron medidas de protección ni se acompañó jurídicamente a las víctimas.
A esto se suman 20 casos en los que los profesionales legales del CEM no se presentaron ante Fiscalía o el Poder Judicial para apoyar el acceso a la justicia. También se detectó la falta de seguimiento operativo en 33 casos, seguimiento administrativo en 35, y evaluación periódica de los casos cada tres meses, lo que impidió identificar y corregir las falencias en la atención.
El informe concluye con la determinación de presunta responsabilidad administrativa en 23 funcionarios públicos, de los cuales 16 continúan en funciones. La Contraloría ha recomendado a la Dirección Ejecutiva del programa Warmi Ñan tomar las acciones necesarias para que se sancione a los servidores comprendidos en los hallazgos.
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