Presidenta del Poder Judicial: críticas a jueces por control difuso “carecen de sustento jurídico”

En medio de cuestionamientos desde el ámbito político y un escenario marcado por normas que han sido señaladas como regresivas en derechos humanos, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, rechazó las críticas dirigidas a jueces que aplican el control difuso y reafirmó que la independencia judicial es una garantía esencial para la defensa de los derechos fundamentales y la supremacía de la Constitución.

Durante su intervención, Janet Tello sostuvo que los jueces no actúan de manera arbitraria cuando inaplican leyes que consideran inconstitucionales, sino que cumplen con un deber establecido en el artículo 138 de la Constitución. En ese sentido, rechazó los calificativos de “prevaricato” o “injerencia política” atribuidos a estas decisiones desde algunos sectores del poder político.

La magistrada recordó que el control difuso es un instrumento de control constitucional con raíces históricas en sistemas jurídicos como el inglés y el estadounidense, y que fue reconocido expresamente en el Perú desde la Constitución de 1979. “Afirmar que estas decisiones carecen de sustento jurídico e histórico subestima el rol esencial de la magistratura en la defensa de la supremacía constitucional y convencional”, remarcó.

Advertencia frente a leyes de impunidad y riesgos autoritarios

Tello Gilardi también cuestionó la aprobación de normas que, bajo el argumento de seguridad o reconciliación, podrían conducir a escenarios de impunidad. En ese marco, advirtió que son inaceptables las actitudes que encaminen al país hacia el autoritarismo o hacia sistemas políticos contrarios al bien común y a la libertad.

Sus declaraciones se producen en un contexto sensible, tras la promulgación en agosto de 2025 de una ley de amnistía que beneficia a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa por delitos cometidos durante el conflicto armado interno (1980-2000). Esta norma ha sido duramente cuestionada por la Fiscalía y por organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su potencial impacto en la lucha contra la impunidad y la vulneración de derechos humanos.

Seguridad para jueces que enfrentan al crimen organizado

La presidenta del Poder Judicial destacó que jueces y juezas de todo el país continúan enfrentando a la criminalidad organizada pese a amenazas y riesgos personales, imponiendo condenas severas a organizaciones criminales peligrosas. En ese sentido, informó que se vienen coordinando acciones con la Policía Nacional para reforzar la seguridad de los magistrados que tienen a su cargo procesos de alta complejidad.

Fallo del TC

A inicios de diciembre de 2025, el Tribunal Constitucional rechazó las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 32107, norma que permite la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes de julio de 2002. Al no alcanzarse los votos necesarios para declararla inconstitucional, el TC confirmó su vigencia, señalando que busca garantizar el derecho al plazo razonable, aunque reconoció que la prescripción estuvo suspendida por acciones del propio Estado, como leyes de amnistía y juicios militares.

Este fallo abrió un intenso debate sobre si los jueces pueden seguir inaplicando la norma mediante control difuso, considerando que el Nuevo Código Procesal Constitucional establece que no se puede dejar de aplicar una ley cuya constitucionalidad haya sido confirmada por el TC.

Jueces bajo presión

En los últimos meses, varios magistrados han sido cuestionados por inaplicar leyes consideradas incompatibles con la Constitución y los tratados internacionales. En agosto de 2025, el congresista Fernando Rospigliosi solicitó ante la Junta Nacional de Justicia la destitución del juez Richard Concepción Carhuancho, tras declarar inaplicable la Ley 32107 en un caso de presunto homicidio ocurrido en Ayacucho en 1984. El parlamentario lo acusó de actuar de forma ilegal y de vulnerar la separación de poderes.

De manera similar, en septiembre de 2025, el juez Jorge Luis Chávez Tamariz declaró inaplicable una ley de amnistía en un caso de desaparición forzada ocurrido en 1990 en Huanta. En su resolución, sostuvo que la norma es incompatible con la jurisprudencia de la Corte IDH y con derechos fundamentales como la verdad, la tutela jurisdiccional efectiva y la defensa de los derechos humanos, priorizando la protección de las víctimas.

Con sus declaraciones, Janet Tello reafirma la posición del Poder Judicial frente a un escenario de creciente tensión institucional. Su mensaje apunta a defender el rol de los jueces como garantes de la Constitución y de los compromisos internacionales del Estado peruano, frente a leyes y presiones que, según advirtió, podrían debilitar el Estado de derecho y la lucha contra la impunidad.