Más de 2 mil docentes y administrativos fueron separados por el Minedu debido a delitos de violencia sexual, homicidio y otros

El Ministerio de Educación (Minedu) separó del sistema educativo a 2.137 docentes y personal administrativo con sentencias o procesos judiciales abiertos por violencia sexual, terrorismo, narcotráfico, homicidio y otros delitos graves en lo que va de la actual administración. La medida busca proteger a los estudiantes y garantizar que todo el personal educativo cumpla con la ley.

Además, se bloqueó a 2.389 docentes que tenían procesos administrativos disciplinarios abiertos por faltas graves en las aulas. Con esto se evita su contratación en colegios, aunque muchas de estas medidas dependen del seguimiento activo de las autoridades para que tengan efecto real.

Estas acciones se realizan en coordinación con los gobiernos regionales a través de las UGEL. En Amazonas, la UGEL Condorcanqui concentra más de 600 denuncias por hostigamiento y violencia sexual, por lo que el Minedu ha destinado apoyo legal para acompañar a la comunidad educativa y garantizar que las denuncias se deriven al Ministerio Público y al Poder Judicial.

Condorcanqui registra 648 casos de acoso y violencia sexual

Al cierre de agosto de 2025, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de la UGEL Condorcanqui registró 648 denuncias acumuladas por hostigamiento y violencia sexual. De ese total, 524 casos concluyeron en la vía administrativa, incluyendo procesos prescritos, sancionados y otros, mientras que 124 siguen en investigación.

De los casos en investigación, 103 se encuentran en etapa preliminar y 21 cuentan con un proceso administrativo disciplinario abierto; en todos se aplicó la separación preventiva del docente. Estas cifras muestran que, aunque una parte de los casos avanza, otros permanecen pendientes, reflejando la complejidad de los procesos.

En lo que va de 2025 se han registrado 34 denuncias por hostigamiento y violencia sexual, todas en investigación preliminar y con separación inmediata de los docentes denunciados. La información evidencia claramente la persistencia de este tipo de situaciones y la urgente necesidad de mantener un seguimiento riguroso y constante en cada caso.

Como parte de un plan de protección, el Minedu conformó 79 redes de protección comunal que hoy acompañan a más de 18 mil estudiantes en residencias estudiantiles. Estas redes incluyen padres de familia, docentes, autoridades locales y personal de seguridad, quienes trabajan de forma conjunta para garantizar un entorno seguro.

Ubicadas en Amazonas, Loreto, Cajamarca, Cusco, San Martín, Ucayali, Junín y Madre de Dios, estas redes buscan prevenir la violencia escolar y asegurar espacios donde los estudiantes puedan desarrollarse de manera integral. En Condorcanqui, su acción es clave para apoyar a los menores mientras se tramitan los procesos administrativos y judiciales.

Fiscalía supervisa 600 casos de violencia sexual en Condorcanqui

Recientemente, la Fiscalía de la Nación inició una supervisión especial en Condorcanqui para acelerar la tramitación de cerca de 600 carpetas fiscales, en su mayoría por violencia sexual y acoso que afecta principalmente a niñas, niños y adolescentes indígenas. Esta intervención también servirá para reforzar al equipo local y preparar la instalación de nuevas fiscalías en zonas estratégicas del territorio awajún y wampis.

La visita fue realizada por las fiscales especializadas en Violencia contra la Mujer de Lima Centro, Zuleika Morey y Ángela Manayay, quienes acompañaron al equipo de la Fiscalía de Nieva. Allí se identificó que los delitos de mayor incidencia son violación y acoso sexual, con especial preocupación por la cantidad de víctimas menores de edad.

El despacho local, liderado por el fiscal provincial Manuel Cieza Sotomayor y la fiscal adjunta Matilde Quispe, viene gestionando estas investigaciones desde la creación de la Fiscalía Especializada en abril de este año. Para mejorar la atención, se anunció la próxima implementación de dos fiscalías adicionales en Yutupis y Huampami, zonas con alta incidencia de casos de violencia sexual.