El 6 de enero de 2026, cámaras de seguridad captaron al presidente interino José Jerí ingresando de forma discreta a un local clausurado de Lima, propiedad del empresario chino Zhihua Yang. La visita, fuera de agenda y en un establecimiento cerrado por orden municipal, fue solo el último de varios encuentros nocturnos y privados entre Jerí y Yang.
Apenas días antes, el 26 de diciembre de 2025, Jerí acudió encapuchado y sin aviso oficial a un restaurante chifa de San Borja, también de Yang, en compañía del ministro del Interior y su escolta. El mandatario terminaría admitiendo la cita, aunque solo después de que la prensa forzara una respuesta y la presión pública lo llevara a pedir disculpas por el “error” de haber ingresado de esa manera.
Estos episodios, lejos de ser hechos aislados, han desatado una crisis de confianza en el Ejecutivo y han recordado a la opinión pública una larga lista de reuniones secretas y relaciones poco transparentes entre el poder político y el empresariado en el Perú.
Empresarios favorecidos y agendas legislativas en la sombra
El caso Jerí-Yang ha generado escándalo no solo por la forma clandestina de los encuentros, sino porque coinciden con la presentación de proyectos de ley para exonerar impuestos a importaciones tecnológicas y con licitaciones públicas clave. Según reportes de Cuarto Poder y Punto Final, Yang visitó Palacio de Gobierno en al menos tres ocasiones entre diciembre y enero, siempre para reuniones fuera del registro público. Uno de los temas centrales: la licitación de cámaras de videovigilancia por más de 112 millones de soles, donde las empresas de Yang ya tenían historial de participación y contratos estatales.
El empresario chino, residente en Perú desde el 2000, controla al menos once compañías, muchas de ellas con antecedentes de sanciones administrativas, obras sin permisos y contrataciones irregulares. Entre ellas destacan América Capón SAC, Hidroeléctrica América SAC y Tenda Cerámicas AC, investigadas por el incumplimiento de normas ambientales, abandono de grandes proyectos y demoliciones ilegales de inmuebles patrimoniales. Osinergmin, por ejemplo, documentó que Hidroeléctrica América SAC solo presentó estudios iniciales para una concesión de USD 224 millones y dejó de informar a las autoridades desde 2023.
Los lazos de Yang llegan hasta la familia presidencial: en 2023 y 2024, su empresa contrató servicios legales de Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte, y participó en viajes oficiales a China.
El patrón se repite: reuniones privadas y gobiernos en entredicho
El escándalo actual no es una excepción en la historia reciente del Perú. Los últimos tres gobiernos han sido marcados por encuentros no declarados, visitas a casas particulares y acuerdos sellados lejos de la transparencia institucional.
- Pedro Castillo y la casa de Sarratea: el modelo de la clandestinidad presidencial
Quizá el caso más paradigmático sea el de la casa de Sarratea durante el gobierno de Pedro Castillo. Bajo la fachada de un domicilio particular, Castillo convirtió la vivienda en el epicentro de decisiones estratégicas: designaciones de altos cargos, tráfico de influencias y repartos de contratos públicos. Investigaciones judiciales demostraron que en Sarratea se pactaron transferencias por más de 500 millones de soles a gobiernos subnacionales, se elaboraron listas de aspirantes a ministerios y se tejió la red conocida como el “Gabinete en la sombra”.
El juez Richard Concepción Carhuancho dispuso la incautación del inmueble, describiéndolo como “centro de operaciones criminales” y base de una organización dedicada a direccionar procesos y designar funcionarios mediante dádivas y pactos ilícitos. La evidencia física: organigramas de ministerios, listas de generales y altos oficiales, y documentos que confirmaban la toma de decisiones fuera de Palacio.
- Dina Boluarte: reuniones no reportadas y el fantasma del favoritismo regional
La administración de Dina Boluarte tampoco escapó a la controversia. Un informe de Ojo Público documentó al menos 18 reuniones fuera de agenda oficial con gobernadores regionales, entre 2022 y 2024. Entre los asistentes figuraron Wilfredo Oscorima (Ayacucho), Zósimo Cárdenas (Junín) y César Acuña (La Libertad), cuyas regiones luego recibieron asignaciones extraordinarias por más de 82 millones y 548 millones de soles, respectivamente. Las citas, no declaradas ni registradas, alimentaron sospechas de favoritismo y generaron reclamos de transparencia, aunque la administración alegó demoras en los trámites y procesos pendientes.
- Martín Vizcarra y los pactos con la oposición
Durante el mandato de Martín Vizcarra, las reuniones secretas también generaron polémica. El expresidente reconoció ante América TV que sostuvo encuentros reservados con la líder opositora Keiko Fujimori, a pedido de ella y bajo acuerdo de confidencialidad. Vizcarra admitió que acceder a ese pedido fue un error y que “no debe volver a pasar”, subrayando la necesidad de transparencia absoluta en la gestión pública.
Corrupción sistémica y el precio del secretismo
La consecuencia de estas prácticas ha sido devastadora para la institucionalidad peruana. En las últimas décadas, cinco de los diez últimos presidentes —Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Castillo y Martín Vizcarra— han terminado en prisión, mientras Alan García se suicidó antes de ser detenido. Las causas se repiten: contratos turbios, licitaciones irregulares, sobornos y malversación de fondos públicos.
El caso Jerí, lejos de ser un error aislado, es la continuación de un modelo donde las relaciones con empresarios y la toma de decisiones cruciales se trasladan a la penumbra, bajo el pretexto de “gestión directa” o “cercanía ciudadana”. Como han señalado analistas y medios, muchas veces “lo que parece bueno” —como la promoción de inversiones o la coordinación de celebraciones bilaterales— termina siendo la fachada de acuerdos opacos y beneficios particulares.
El costo político: investigaciones, citaciones y la erosión de la confianza pública
La Comisión de Fiscalización del Congreso ha citado formalmente a José Jerí, exigiendo acceso a grabaciones, registros de agenda y detalles de todas las reuniones con Yang y otros empresarios. Se investiga la posible existencia de lobby o influencias indebidas en megaproyectos, privatizaciones y contratos estatales clave, como la venta de Distriluz o la compra de tecnología para la ATU.
El propio Jerí, ante el Congreso y la opinión pública, ha prometido no repetir el error y registrar todas sus actividades fuera de Palacio. Sin embargo, la desconfianza ya está instalada: para muchos ciudadanos, la historia reciente indica que la verdadera agenda de poder se sigue escribiendo lejos del escrutinio social.
La falta de transparencia es un llamado a la corrupción
Los casos de Jerí, Castillo, Boluarte y Vizcarra son solo la punta del iceberg de una cultura política donde la transparencia es la excepción y no la regla. La normalización de reuniones privadas, la falta de registros oficiales, los “errores” admitidos solo tras la presión mediática y parlamentaria, y el continuo desfase entre el discurso público y la práctica real, han llevado a un escenario donde la corrupción y la impunidad parecen sistémicas.
Mientras los presidentes y sus aliados proclaman reformas y compromisos de rendición de cuentas, la realidad muestra que el poder en el Perú sigue encontrando en las sombras el espacio para sellar pactos, distribuir favores y decidir el destino de recursos millonarios. Los resultados, a la vista: escándalos recurrentes, juicios interminables y una ciudadanía cada vez más desencantada e incrédula ante la clase política.
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