Shirley Monzón, la viceministra voceada a asumir el Minsa: sus nexos con APP y cuestionamientos

Ante la renuncia de Luis Quiroz al Ministerio de Salud, fuentes de Infobae confirman que entre los candidatos más fuertes a reemplazarlo se encuentran Juan Carlos Velasco, el expresidente ejecutivo del Instituto Nacional de Salud (INS), y Shirley Monzón Villegas, viceministra de Prestaciones y Aseguramiento del Ministerio de Salud desde el 3 de noviembre de 2025.

Mientras Velasco garantizaría un alejamiento de Alianza para el Progreso en el sector, Monzón representaría lo contrario. Prueba de ello es su paso como asesora ejecutiva adjunta del despacho ministerial durante la gestión de César Vásquez, candidato por el partido de César Acuña. Sin embargo, no es su único cuestionamiento.

En el centro de críticas destacan las presuntas incongruencias en sus declaraciones juradas de intereses y vínculos familiares que involucran a exfuncionarios investigados por la justicia peruana. La polémica surge luego de que un informe difundido por el programa Punto Final expusiera inconsistencias en las declaraciones juradas respecto a su relación sentimental con Jorge Guzmán Niño, exfuncionario estatal con procesos judiciales abiertos y cuya defensa legal ha sido asumida por el Estado en dos casos.

Según los documentos, la relación entre Monzón y Guzmán Niño se inició en 2017 y fue consignada como convivencia hasta 2024. Sin embargo, en 2025, cuando ya ocupaba un cargo de mayor jerarquía como asesora, Monzón dejó de declarar a Guzmán Niño como conviviente, aunque continuó consignando a su hermano y a su padre como cuñado y suegro, respectivamente, en los formatos oficiales.

El caso cobra especial relevancia ya que, de acuerdo con el informe, Jorge Guzmán Niño enfrenta un proceso penal por presunta colusión agravada y negociación incompatible en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Sede Central, además de una investigación preliminar en la Séptima Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima. Los hechos investigados están vinculados tanto a su paso como jefe de la Oficina de Administración de la Red de Salud Túpac Amaru en 2015, como a su labor posterior como inspector en la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud).

En entrevista con el medio televisivo, Monzón explicó que la separación con Guzmán Niño se produjo antes de 2025, aunque no pudo precisar la fecha exacta. Argumentó que la declaración jurada es una “fotografía del momento” y que, si bien en 2024 aún declaraba a Guzmán como conviviente, en 2025 ya no mantenía una relación sentimental con él. “La separación no fue brusca, fue un proceso. Compartimos vivienda por temporadas mientras finalizábamos la relación”, afirmó la viceministra ante la consulta sobre la continuidad de los registros de parentesco.

No obstante, el hecho de que Monzón continuara consignando como familiares directos a los Guzmán Niño en sus declaraciones posteriores ha generado dudas sobre la transparencia y veracidad de la información proporcionada.

“En los veinte años de función pública, he tratado de ser lo más transparente posible. Consideré conveniente ponerlos porque sigo considerando a la familia de él como parte de mi entorno, y por eventuales vínculos contractuales con el Estado”, indicó Monzón. Sin embargo, especialistas en derecho administrativo, como la abogada Cecilia Ruiz, señalaron que toda declaración jurada debe ser clara, congruente y ceñida exclusivamente a la realidad del vínculo existente en el momento de la declaración.

Por si no fuera poco, la situación se complica por el hecho de que Guzmán Niño logró que el Estado costeara su defensa legal en dos procesos judiciales, uno de ellos pocos días después de dejar el Ministerio de Salud en mayo de 2025, cuando Monzón ya se desempeñaba como asesora del despacho ministerial. Si bien la viceministra asegura no tener detalles de los procesos ni haber intervenido en decisiones administrativas relacionadas con su expareja, el contexto encendió alertas sobre posibles conflictos de interés y la necesidad de mayor control en la gestión de intereses y parentescos en la alta función pública.