Desde el inicio de su gestión hasta abril de este año, la presidenta Dina Boluarte sostuvo al menos 18 reuniones con distintos gobernadores regionales, pero esos encuentros no constan en el reporte oficial del Despacho Presidencial, según un informe difundido este domingo por Ojo Público.
De acuerdo con la Ley 28024, su reglamento y los lineamientos de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el registro de ingresos a entidades públicas es obligatorio. Sin embargo, Boluarte y el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, sostuvieron cinco reuniones que no fueron reportadas oficialmente.
La segunda autoridad con más citas no documentadas oficialmente —cinco— es Zósimo Cárdenas, gobernador de Junín. En tercer lugar, se encuentra César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), gobernador de La Libertad y aliado político de Boluarte, con tres visitas no reportadas oficialmente.
Ojo Público también expuso encuentros no declarados con otros gobernadores regionales, entre ellos Juan Luis Chombo de Pasco, Jorge Pérez de Lambayeque, Luis Neyra de Piura, Rohel Sánchez de Arequipa, y Percy Godoy de Apurímac.
Junín, por su parte, obtuvo la asignación extraordinaria más alta en junio de 2023, con un total de S/82,3 millones destinados a impulso económico. La Libertad también se vio significativamente beneficiada con más de S/548 millones de presupuesto adicional entre diciembre de 2022 y abril este año.
Réplicas
Oscorima, a través de su área de prensa, declinó hacer declaraciones debido a su implicación en una investigación fiscal junto a la presidenta. En contraste, Cárdenas, por medio de su gerente general Roy Gonzáles, afirmó que se registraron formalmente todas sus visitas a Boluarte y apuntó a la administración de Palacio por posibles omisiones en el registro.
Al ser consultada sobre la falta de registro de las visitas mencionadas en el portal de Transparencia, la Presidencia no logró ofrecer una respuesta inmediata debido a los procedimientos requeridos para obtener la información necesaria. La situación en el Ejecutivo se ha complicado esta semana tras la detención preliminar de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta y señalado como el presunto líder de una organización criminal.
En la víspera, la Fiscalía inició diligencias contra Boluarte por supuesto encubrimiento personal y abuso de autoridad tras la desactivación de un grupo policial esencial para la lucha anticorrupción justo antes del arresto de su familiar. El mes pasado, además, extendió la pesquisa sobre el llamado ‘Rolexgate’ y añadió el posible delito de cohecho pasivo impropio, que se suma al de enriquecimiento ilícito.
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