La búsqueda de justicia vuelve a ponerse en riesgo. En diálogo con Exitosa, Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Deudos de Víctimas de Protestas en Puno, no descartó iniciar una marcha de sacrificio o una huelga de hambre frente a la Fiscalía, como respuesta a la desactivación del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip), una decisión que, según denunció, reabre heridas aún abiertas desde los hechos de 2022 y 2023.
Durante la entrevista, Samillán expresó su rechazo a la decisión adoptada por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, al considerar que la desactivación del Eficavip afecta directamente el avance de las investigaciones y vuelve a abrir heridas que permanecen latentes entre las familias de las víctimas.
El dirigente señaló que, con esta medida, los casos que ya presentaban avances significativos pasarán a manos de fiscales que no conocen el desarrollo previo de las investigaciones, lo que podría generar retrasos y dilaciones en los procesos judiciales.
Rechazo a que los casos pasen a fiscalías antiterroristas
Samillán también cuestionó que las investigaciones por las masacres sean derivadas a fiscalías antiterroristas. En ese sentido, remarcó que las víctimas y los sobrevivientes no mantienen ningún vínculo con organizaciones terroristas y advirtió que este enfoque contribuye a la estigmatización de quienes protestaron.
Desde su perspectiva, esta decisión refuerza una narrativa que busca justificar la represión estatal y debilitar los procesos de esclarecimiento de los hechos.
El estado de los procesos
El presidente de la Asociación de Deudos explicó que la desactivación del Eficavip se produce cuando varias investigaciones se encontraban en una fase clave. Detalló que aproximadamente 20 de los cerca de 50 casos de muertes durante las protestas ya habían avanzado hasta la etapa previa a la presentación de la acusación formal.
Indicó que en regiones como Puno, Ayacucho, Cusco y Pichanaqui, las carpetas fiscales mostraban avances importantes, por lo que la redistribución de los expedientes genera incertidumbre sobre la continuidad y coherencia de las investigaciones.
Anuncian posible jornada de lucha
Ante este escenario, Samillán informó que los deudos de distintas regiones han decidido reunirse en Juliaca tras las actividades de conmemoración del 9 de enero, con el objetivo de definir las acciones que emprenderán.
Según señaló, entre las medidas que se evalúan se encuentran una marcha de sacrificio hacia Lima o una huelga de hambre frente al Ministerio Público, como forma de exigir que las investigaciones no se paralicen y que se garantice justicia para las víctimas.
Abogado advierte retroceso institucional
Por su parte, el abogado Juan José Quispe, representante legal de los deudos y de los heridos durante las protestas, advirtió ayer que la desactivación de los equipos especiales de fiscales representa un retroceso para el sistema de justicia y genera un riesgo de impunidad en casos vinculados a presuntas violaciones de derechos humanos.
Quispe señaló que varias investigaciones estaban listas para ingresar a la etapa intermedia y que la reasignación de los casos podría retrasar significativamente los procesos, afectando el derecho de las víctimas a la justicia.
Finalmente, Samillán sostuvo que las familias continuarán organizándose y no descartan recurrir a medidas de protesta más drásticas si no se revisa la decisión del Ministerio Público. Afirmó que, tras años de espera y obstáculos, los deudos consideran que la desactivación del Eficavip representa una nueva forma de negación de justicia.
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