Abogado de deudos de víctimas en protestas tras desactivación de equipo especial: “Es un día negro para el Ministerio Público”

Para el abogado Juan José Quispe, representante legal de los deudos de las víctimas y de los heridos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, la desactivación de los equipos especiales de fiscales marca un antecedente nefasto en la administración de justicia. Según dijo, la decisión adoptada por Tomás Aladino Gálvez, como fiscal de la Nación interino, no solo confirma advertencias previas, sino que instala un escenario de retroceso institucional.

“El día de hoy ya no es bajada de Reyes, es un día negro para la justicia y sobre todo para el Ministerio Público”, afirmó en entrevista con Exitosa.

Según explicó, con esta medida se desactivó equipos especiales que durante años investigaron, llevaron a juicio y lograron sentencias condenatorias contra personas que ocuparon altos cargos públicos. La decisión, además, intenta ser sustentada con la narrativa oficial que busca desacreditar el trabajo de estos grupos, presentándolos como politizados o ineficientes, cuando los resultados demostraron lo contrario.

Quispe cuestionó, además, que se intente instalar la idea de que estos equipos “ya cumplieron su función”, pese a que numerosas investigaciones continúan abiertas. En ese contexto, advirtió que se estaría construyendo “un manto de impunidad para estos casos”, en especial aquellos vinculados a graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas sociales.

Investigaciones en una etapa crucial

Uno de los aspectos que más preocupación genera en las víctimas es el momento procesal en el que se produce la desactivación del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales. Quispe recordó que este grupo fue creado el 31 de marzo de 2023, meses después de los hechos que dejaron muertos y heridos, y que, en la mayoría de los casos, aún no se alcanzan ni siquiera los tres años de investigación fiscal.

Detalló que en regiones como Ayacucho, Pichanaqui, Puno y Cusco, la investigación preparatoria ya había culminado y se estaba por ingresar a la etapa intermedia, con miras a la acusación. “Ahora se han desactivado, los han mandado a fiscalías que ven casos comunes y finalmente algunos han quedado en el limbo”, señaló.

De acuerdo con el abogado, la redistribución implica que fiscales nuevos asuman expedientes voluminosos, con decenas de tomos y miles de folios. “Un fiscal nuevo va a leer miles de hojas, ciento cincuenta tomos, ochenta tomos, para poder formular su acusación o archivar el caso”, advirtió, subrayando que esta situación incrementa el riesgo de decisiones arbitrarias o dilatorias.

Incertidumbre y retrasos en los procesos

Quispe explicó que la resolución administrativa que dispone la desactivación no estaría debidamente motivada y establece la redistribución de los casos del EFICAVIT a fiscalías de derechos humanos y terrorismo. Sin embargo, precisó que los fiscales encargados no acompañan los expedientes, lo que obliga a reiniciar el análisis desde cero.

“Eso va a retrasar enormemente todo lo que se había trabajado con miras a una acusación contra los altos mandos de la Policía, del Ejército y, sobre todo, la identificación de los autores materiales”, sostuvo. Para el abogado, este escenario representa “un retroceso muy grande para el sistema de justicia”, ya que no es realista esperar que un nuevo fiscal asimile en poco tiempo investigaciones complejas y de alta sensibilidad.

Insistió en que no se trata de un problema de capacidad individual, sino de condiciones estructurales. “Un fiscal nuevo no va a ser un mago para leer tantas carpetas fiscales y continuar con la investigación o emitir un dictamen”, remarcó, advirtiendo que el resultado previsible será el estancamiento o el archivo de los casos.

Tomás Gálvez defiende su decisión