La creciente ola de extorsiones en Trujillo ha vuelto a poner en la mira al penal El Milagro, señalado por las autoridades como el epicentro de las órdenes que mantienen en jaque a la región. Ante esta situación, el jefe de la Región Policial La Libertad, general Carlos Llerena Portal, ha solicitado al Gobierno la implementación de un “apagón carcelario”, una medida que busca suspender el suministro eléctrico dentro del penal para impedir el uso de celulares y redes clandestinas que facilitan el delito desde el interior.
Durante una sesión del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana de La Libertad, Llerena advirtió que “muchos de los mensajes extorsivos todavía siguen saliendo del interior del penal” y que el corte de energía sería clave para aislar a los cabecillas de las organizaciones criminales. La propuesta contempla no solo interrumpir la electricidad, sino también restringir las visitas —una vez por semana para los internos del régimen ordinario y cada quince días para los del régimen especial— y trasladar reclusos peligrosos a otros penales del país, en un intento por restablecer el control dentro de las cárceles del norte.
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Apagón carcelario en Trujillo: una medida para cortar la comunicación del crimen
El llamado “apagón carcelario” ya se ha aplicado en otros centros penitenciarios, donde se busca eliminar por completo el acceso a la energía eléctrica en las celdas para impedir la carga de celulares y el uso de internet clandestino. En Trujillo, esta iniciativa surge como respuesta a la ola criminal que mantiene en zozobra a comerciantes, transportistas y vecinos, muchos de los cuales señalan que las extorsiones se originan directamente desde El Milagro, un penal que —según denuncian— opera como un “hotel cinco estrellas” para los cabecillas del hampa.
“No deben darle luz a los presos”, reclamaron algunos ciudadanos consultados por Exitosa, apoyando la iniciativa de endurecer las condiciones dentro de la prisión. Para muchos, el corte de energía significaría el fin de los lujos y privilegios que los internos mantienen pese a su condición. “Deben tener luz solo cuando comen y nada más. Luz natural y mano dura”, expresó una trujillana indignada tras los últimos hechos violentos.
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El general Llerena también ha solicitado la prórroga del estado de emergencia en Trujillo, vigente hasta el 2 de noviembre, con el fin de mantener el control en una ciudad donde los asesinatos, cobros extorsivos y ataques con explosivos continúan afectando la seguridad ciudadana. Según las autoridades, la medida sería parte de una estrategia integral para debilitar la estructura del crimen organizado y recuperar la autoridad en los penales, donde las bandas criminales aún logran operar con libertad a través de la corrupción, el contrabando y las fallas en el sistema penitenciario.
Endurecen control penitenciario y seguridad en Lima y Callao tras decreto de emergencia
El gobierno interino de José Jerí impuso un “apagón eléctrico” en los penales de Lima y Callao como parte del estado de emergencia vigente por 30 días desde el 22 de octubre. La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, busca interrumpir las comunicaciones ilegales dentro de las cárceles y reforzar la vigilancia frente a la criminalidad organizada. Además del corte de energía en las celdas, se ordenó destruir antenas de telecomunicaciones clandestinas y limitar estrictamente las visitas de los internos: una por semana para el régimen ordinario y cada quince días para el régimen especial.
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El plan de emergencia también dispone patrullajes conjuntos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo municipal, con operativos enfocados en decomisar armas, capturar personas requisitoriadas y erradicar mercados ilegales de drogas, armas y equipos de telefonía móvil. De igual forma, se prohíbe el desplazamiento de dos adultos en motocicleta, una modalidad vinculada a los robos y “raqueteos” en la capital. Paralelamente, se reforzará la protección de jueces y fiscales que investigan casos de criminalidad, mientras que el INPE aplicará pruebas de polígrafo a su personal para detectar posibles actos de corrupción.
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