Rafael López Aliaga en problemas por caso Panama Papers: PJ amplía a 24 meses investigación preparatoria contra líder de Renovación Popular

El Poder Judicial dispuso la ampliación por 24 meses del plazo de investigación preparatoria contra el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y otros involucrados en el marco del caso Panama Papers, luego de declarar fundada parcialmente la solicitud de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos. El pedido original de la fiscalía contemplaba una prórroga de 36 meses, pero el juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, consideró que un plazo de dos años resulta “razonable” para agotar diligencias pendientes y resolver el fondo del proceso.

La decisión, formalizada el pasado 26 de septiembre de 2025, está sustentada en la complejidad del caso. Entre las principales pendientes, se encuentra la culminación de una pericia contable y financiera que abarca desde 2010 hasta 2021, la toma de testimonios de dos ciudadanos extranjeros y ocho nacionales, el requerimiento de asistencia judicial a Panamá y Estados Unidos, y la evaluación de si tres empresas serán incorporadas formalmente como “personas jurídicas” investigadas.

“Necesariamente debe tenerse las actuaciones importantes como la pericia contable financiera, que alcanzará a las personas jurídicas como ha dicho el fiscal están curso de ser incorporadas al proceso, declaraciones testimoniales nacionales y extranjeros y asistencia judicial internacional porque las referidas personas jurídicas están domiciliadas fuera del Perú, corresponde imponer solo 24 meses de plazo como prórroga de la investigación preparatoria”, argumentó el juez Chávez Tamariz en la resolución emitida.

Según la imputación fiscal, entre 2010 y 2018 habría operado una estructura enfocada en ocultar y legitimar fondos de origen presuntamente ilícito a través de compañías offshore vinculadas a Rafael López Aliaga y al grupo ACRES. La fiscalía sostiene que los fondos objeto de investigación provendrían de contrataciones irregulares con la Caja Metropolitana de Lima, por montos que, en un primer análisis, sumarían más de un millón de soles solo entre los años 2012 y 2014. El Ministerio Público calcula que el perjuicio total al Estado supera los S/ 37 millones, en función de varios contratos cuestionados.

Uno de los enfoques del proceso es el papel de empresas constituidas en Panamá, Estados Unidos e Islas Vírgenes Británicas para transferir fondos, disimular el origen de los recursos y realizar contratos presuntamente simulados. Entre las sociedades mencionadas figura ACRES Investments International Ltd Inc, registrada en Panamá con López Aliaga como accionista. El despacho fiscal identifica también la participación del estudio Mossack Fonseca en la creación de estas estructuras y el uso de directores testaferros.

Además de Rafael López Aliaga, la investigación comprende a Rui Baracco Lira y Jimena Burmester Yáñez. Según el expediente, Burmester habría participado activamente en la constitución de PAGA Investments Ltd en Islas Vírgenes Británicas, empleada para direccionar transferencias a partir de cuentas en el sistema financiero peruano. El juez Chávez Tamariz también rechazó, en la misma resolución, el control de plazo reclamado por los abogados de Baracco Lira y Burmester.

La decisión de ampliar el plazo se fundamentó en criterios de razonabilidad y respeto al derecho de defensa. El juez hizo hincapié en que la extensión resulta proporcional ante la magnitud de la causa y la ausencia de medidas coercitivas graves contra los investigados, quienes no se encuentran bajo prisión preventiva ni restricciones comparables. “El principio del plazo razonable permite valorar factores como la complejidad del caso, la cantidad de investigados y la naturaleza de las diligencias”, puntualizó en su fallo.

El propio candidato presidencial ha rechazado públicamente las acusaciones, argumentando que las operaciones financieras bajo sospecha están debidamente sustentadas y que el proceso judicial tiene motivaciones políticas. “Voy a hacer demandas civiles por todo el tiempo que me han hecho perder y también por todo el honor que me han quitado”, manifestó López Aliaga en una conferencia reciente, aunque no precisó los destinatarios de dichas acciones civiles.