Un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue detenido durante un operativo contra una presunta organización criminal dedicada a la extorsión y al tráfico ilegal de terrenos en El Agustino, en Lima. La intervención dejó como resultado la captura de tres personas, entre ellas un efectivo policial en actividad, lo que ha encendido las alertas sobre posibles infiltraciones dentro de la institución.
Según las investigaciones, la red operaba bajo una dinámica de engaño y presión: ofrecía lotes y viviendas a familias interesadas en acceder a una propiedad, pero luego convertía esas transacciones en un mecanismo de cobros indebidos. Cuando las víctimas se resistían a pagar, eran amenazadas con ser desalojadas o perder lo invertido.
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Durante el operativo, los agentes incautaron municiones, registros de cobros y documentos con anotaciones de movimientos de dinero que reforzarían la hipótesis de una estructura organizada. En uno de los inmuebles intervenidos también se halló material explosivo junto a un mensaje extorsivo, lo que motivó la participación de unidades especializadas.
Entre los detenidos figura el suboficial PNP Manuel Baltazar Solórzano, además de Germán Claros Taipe, identificado por la Policía como uno de los presuntos responsables de la conducción del grupo criminal ‘Nueva Generación’. También se detuvo a Anabel Cuya Juypa, presunta colaboradora en los cobros extorsivos y amenazas contra las víctimas.
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El coronel PNP Juan Carlos Montúfar, a cargo del operativo, señaló que la organización utilizaba la promesa de formalización de terrenos como fachada para captar a sus víctimas y luego imponer pagos bajo amenaza. En caso de incumplimiento, advirtió, se ejercía presión directa para forzar la salida de los ocupantes y revender los predios.
Los detenidos permanecen bajo custodia mientras avanzan las diligencias fiscales y policiales para determinar el alcance real de la red. Las autoridades también investigan el uso de líneas telefónicas vinculadas a otros agentes policiales para coordinar o ejecutar las extorsiones.
Así fue la intervención
La intervención policial se realizó la madrugada del 12 de mayo y tomó por sorpresa a los presuntos integrantes de la organización. Tras derribar la puerta del inmueble allanado, los agentes encontraron a varios de los sospechosos durmiendo. Durante el registro se incautaron más de 50 certificados falsificados de títulos de propiedad, dinero en efectivo y mensajes extorsivos colocados junto a artefactos explosivos, elementos que reforzarían la hipótesis de una red dedicada al tráfico ilegal de terrenos y las amenazas contra sus víctimas.
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Según las investigaciones, el suboficial Manuel Baltazar Solórzano habría tenido un rol clave en las coordinaciones de cobros y ventas irregulares. El expediente policial señala que desde una línea telefónica vinculada al agente se habrían realizado comunicaciones relacionadas con las extorsiones. Aunque el efectivo aseguró que el celular había sido robado, permanecerá detenido mientras continúan las diligencias para esclarecer su presunta participación en la organización criminal.
¿Dónde denunciar extorsiones y tráfico ilegal de terrenos en Perú?
Si una persona es víctima o tiene información sobre casos de extorsión, cobro de cupos o tráfico ilegal de terrenos en el Perú, puede denunciarlo ante las autoridades a través de distintos canales oficiales.
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La principal vía es la Policía Nacional del Perú, especialmente la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones (Divise). Las denuncias también pueden realizarse en cualquier comisaría del país o mediante la Central de Emergencias 105 de la PNP.
Además, el Ministerio Público cuenta con fiscalías especializadas contra el crimen organizado y delitos de usurpación, donde se pueden presentar pruebas, audios, mensajes o documentos relacionados con amenazas, ventas irregulares de terrenos o cobros extorsivos.
Las autoridades recomiendan no enfrentar directamente a los delincuentes ni entregar dinero ante amenazas. También aconsejan guardar mensajes, números telefónicos, vouchers, contratos o cualquier evidencia que permita identificar a los responsables y fortalecer las investigaciones.
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En casos relacionados con tráfico de terrenos, se sugiere verificar siempre la legalidad de los predios ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y las municipalidades correspondientes antes de realizar pagos o firmar acuerdos de compra
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