Los votos de José Jerí, nuevo presidente del Perú, que favorecieron a redes criminales y mineros ilegales

La llegada de José Jerí a la presidencia del Perú se dio en medio de una severa crisis de inseguridad ciudadana y una escalada de la minería ilegal. En su primer discurso, prometió declarar la guerra al crimen organizado y garantizar una “transición limpia”, pero su historial legislativo parece contradecir el compromiso con esas causas.

Durante su periodo como congresista, Jerí votó a favor de leyes que han sido ampliamente criticadas por expertos judiciales, fiscales y sectores de la sociedad civil por debilitar las herramientas del Estado frente a las organizaciones criminales.

Entre las normas más polémicas que contaron con el respaldo de Jerí figura la Ley N.º 32181, que eliminó la detención preliminar para casos sin flagrancia. Esta medida fue advertida como un retroceso por la Fiscalía y la Policía Nacional, ya que limitaba su capacidad de reacción frente a bandas criminales organizadas. La norma fue aprobada pese a las protestas de operadores de justicia, quienes señalaron que muchos cabecillas escaparían de la acción penal si no son capturados en el acto.

También votó a favor de la controvertida Ley N.º 32054, que impide que los partidos políticos sean procesados como organizaciones criminales, incluso si son utilizados como fachada por redes delictivas. Esta modificación al Código Penal, debilitaría la rendición de cuentas dentro del sistema electoral.

En mayo de 2025, Jerí también respaldó la Ley N.º 32326, que introduce modificaciones en el régimen de extinción de dominio, dificultando la incautación de bienes de origen criminal. El Poder Judicial advirtió que esta norma facilita que activos vinculados al narcotráfico, sicariato o trata de personas regresen a manos de redes delictivas, al establecer requisitos más complejos para su decomiso.

En febrero de este año, Manuel Luján Túpez, coordinador del Subsistema de Extinción de Dominio de la Corte Suprema, advirtió la modificación provocaría que alrededor de 5.500 procesos vinculados a actos de corrupción estén en riesgo.

En el caso de la minería ilegal, Jerí ha tenido una postura ambigua. Por un lado, votó a favor de los dos procesos de regularización minera a través del REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), que han sido señaladas como mecanismos que permiten prolongar la actividad informal sin mayores controles.

Por otro lado, el día en que se votó la polémica modificación a la Ley N.º 32108, que redefine las condiciones para considerar a una organización criminal, Jerí se habría retirado minutos antes de la toma de asistencia. Esta norma eliminó el carácter automático con el que se clasificaba a las redes de minería ilegal como crimen organizado.

José Jerí asume la presidencia con el compromiso de liderar un gobierno de transición orientado a la “reconciliación” y el combate a la delincuencia. Sin embargo, su gestión se desarrollará en un periodo breve y en medio de una crisis profunda marcada por el avance del crimen organizado, la expansión de economías ilegales como la minería informal y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

En tan solo ocho meses, deberá garantizar condiciones para unas elecciones generales transparentes en abril de 2026, mientras enfrenta demandas urgentes de seguridad y gobernabilidad. La capacidad del nuevo mandatario para articular respuestas efectivas y coordinar con los distintos poderes del Estado será clave en este periodo de alta inestabilidad.